La Corporación Financiera Nacional (CFN) ya cuenta con sus principales autoridades. Esto le permitirá cumplir con la disposición del Decreto Ejecutivo 82 que pide el inicio de la liquidación voluntaria de Seguros Sucre. Mediante el Decreto Ejecutivo 91, el Gobierno nacional oficializó como delegado permanente del presidente Guillermo Lasso al directorio de la CFN a Nelson Iván Andrade Apunte.

El nuevo presidente de la CFN posee estudios en administración de negocios y economía, ha sido decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Las Américas (UDLA), vicepresidente director regional de Europa en Trade Financing & Services y vicepresidente de Cash Management, Trade Finance & Services de Latinoamérica en Citibank N. A., gerente financiero de Dow Chemical en Ecuador, ministro de Finanzas (1995-1996) y miembro de la Junta Monetaria.

En estos días se incorporó al equipo de trabajo de la CFN Eduardo Salgado Manzano, quien se desempeñará como gerente general de la Corporación. Eduardo Salgado posee estudios en Finanzas y administración de empresas, fue vicepresidente de Banca de Personas y Corporativo de Citibank, gerente general de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y asesor en estrategias financieras, administración de empresas e inversiones en Startups, entre otras.

De acuerdo con el Decreto 82, la Corporación debe convocar a una junta de accionistas para poder acordar el proceso de liquidación voluntaria. La decisión fue tomada frente a las innumerables denuncias de corrupción y sobornos que se conocieron en el tema de seguros y reaseguros de empresas estatales.

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Una de ellas es la que hizo el asambleísta Luis Almeida (PSC), quien aseguró a este Diario que a mayo del 2021 la entidad no ha cumplido con la liquidación de siniestros por $ 157 millones.

Almeida consideró una medida correcta la liquidación de la entidad aseguradora estatal. Lamentó que los seguros requeridos y necesarios del Gobierno central e institucional, es decir, los más importantes del Ecuador como lo son las eléctricas, Petroecuador, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la telefonía y demás, a partir del régimen correísta (2009 en adelante), fueran entregados a Seguros Sucre bajo un sistema ilegal de asignación directa lo que resultó en afectación al propio Estado ecuatoriano.

Para Almeida, los autores visibles de lo sucedido son el expresidente Rafael Correa y su secretario jurídico Alexis Mera y luego en el gobierno de Lenín Moreno, la también secretaria jurídica, Johanna Pesántez. Asegura además que casi doce años después empiezan a salir los nombres de otros responsables que habrían actuado como intermediarios de reaseguros y/o asesores de seguro. Entre ellos nombró a Diego Sánchez Silva o Andrew Hye.

Explicó que el nombre de Diego Sánchez aparece en uno de los tantos chats tomados del celular del excontralor Celi, donde este ciudadano, que no es gerente, presidente ni funcionario de Seguros Sucre, escribe solicitando actuaciones y/o favores al contralor.

Recordó también que Seguros Sucre se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado, por ser deudora de empresas estatales. Sin embargo, ni el Sercop de Silvana Vallejo ni el procurador general del Estado hicieron nada al respecto. Por ejemplo, en el caso de Petroecuador, adeuda según sentencia ejecutoriada (sobre la cual no cabe acción alguna) y mandamiento de ejecución dictado desde el 2016, más de $ 32 millones. Sin embargo, la empresa petrolera siguió contratando y extendiendo los seguros por 18 ocasiones, sin procesos licitatorios.

En estos días, Petroecuador debe afrontar el proceso de contratación de seguros, que al momento está en manos de Seguros Sucre, pero que por efecto del Decreto 82 ya no podrá renovar. Petroecuador informó ayer que continúan sus problemas legales, en el sentido de que no puede llamar a un nuevo concurso o licitación, pues al momento tiene varias demandas judiciales producto del último proceso licitatorio que intentó llevar adelante, pero que terminó extendiendo una vez más la póliza con Sucre. La póliza vence el 3 de agosto. (I)