Una estimación realizada por la firma Aval Buró refiere que unos $ 992,2 millones en operaciones que registran saldos vencidos estarían inmersas en la decisión del nuevo Gobierno de eliminar de la ‘central de riesgo’ a quienes tengan deudas pendientes por menos de $ 1.000.

Durante un conversatorio en el que participaron dos especialistas de esta firma de buró crediticio se revisaron los alcances y las dudas que aún deja el Decreto Ejecutivo 33, que dispone la eliminación de los registros de información histórica a quienes tengan deudas vencidas en ese rango.

El decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso dispone la eliminación de la información crediticia de los vencimientos con saldo menor a $1.000 de operaciones del sistema financiero privado, público y de la economía popular y solidaria de los segmentos 1 y 2.

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Además, incorpora las operaciones del sistema de la economía solidaria de otros segmentos, incluidas las compañías de servicios auxiliares, con saldo menor a $ 500, y vencimientos con saldo menor a $ 100 que corresponden a otras operaciones.

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José Ayala, director de Soluciones de Aval Buró, quien realizó simulaciones a base de varios escenarios, explicó que de los $ 992,2 millones de saldo vencido que entraría en la medida dispuesta por el Gobierno, el 56% correspondería a operaciones del sector bancario; el 33% a cooperativas 1 y 2, y el resto a otros segmentos.

El especialista calculó que 1,38 millones de las 7,3 millones de personas que tienen información crediticia se beneficiarían de la medida adoptada por el Ejecutivo. El Gobierno estimó que serían 1,7 millones los beneficiados.

Ayala cree que el 48% (662.273 personas) que tienen deudas menores a $ 1.000 saldrían totalmente de las bases de información crediticia al tener operaciones que se ajustan a los parámetros dispuestos.

Pero otro 52%, que correspondería a 721.486 personas, aún mantendrían información en el buró debido a que si bien tienen operaciones menores a 1.000 dólares, también poseen otras que no aplicarían al rango establecido para alcanzar el beneficio.

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Dentro de este segundo grupo estarían personas que presentan operaciones vencidas que no cumplen las condiciones del decreto 33 y otras que tienen operaciones al día y que al borrarse otras que estaban vencidas probablemente mejoren su score crediticio. El score tiene un rango que va de 0 a 99 puntos y una calificación baja significa un alto riesgo de incumplimiento de pago del crédito.

Javier Velasco, gerente general de Aval Buró, sostuvo que el decreto 33 aún tiene aspectos que se deben aclarar para su aplicación.

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Una de las dudas que se tiene es que si las entidades del sector financiero, las casas comerciales y telefónicas deberán reprocesar su información para que los datos crediticios estén cortados al 24 de mayo, fecha en la que se firmó el decreto.

El especialista indicó que si bien el decreto 33 no elimina el derecho de cobro, el retirar la información de quienes deben hasta $ 1.000 podría generar un desfase, porque ya no se tendrían los datos del comportamiento crediticio de ese cliente.

Velasco consideró que si bien el decreto está asociado a la coyuntura económica que dejó la pandemia, la aplicación beneficiará también a personas que tenían problemas de pago antes de la crisis sanitaria.

En el decreto firmado se precisa que hay un plazo de 60 días para llevar a cabo esta disposición y que será la Junta de Política y Regulación Financiera la encargada de emitir las disposiciones para la ejecución. (I)