Leandro Briones, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción: Se necesita línea de crédito especial para viviendas

Después de 18 años de permanecer en Guayaquil, la sede de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción ha pasado a la capital manabita. La decisión se adoptó por un pedido realizado por la Cámara de Construcción de Portoviejo, que fue sometido a votación y contó con el aval de la mayor parte de los agremiados.Leandro Briones, quien dirige el gremio de los constructores portovejenses, asumió la presidencia de la federación. El dirigente señala que su gestión se enfocará en fortalecer las cámaras pequeñas e impulsar acciones que ayuden a la reactivación del sector, fuertemente golpeado en la pandemia. ¿Cuáles serán sus principales líneas de acción? Primero colaborar con el fortalecimiento de los agremiados, no todas las cámaras son tan fuertes como la Cámara de Guayaquil o Quito. Nos toca fortalecer a los gremios más pequeños. Cámaras que han logrado subsistir a los cambios de los últimos 14 años, donde se reemplazó la función que legalmente tenían, que era entregar un certificado que le diera validez al constructor. Eso garantizaba que haya esa conectividad entre lo público y privado. Nosotros como privados podríamos revisar la documentación de las empresas y obviamente avalando su experiencia. En Ecuador se han entregado grandes obras a empresas que han tenido 24 horas de llegar al país. Esto le da una idea cómo se ha manejado en los últimos años la parte de la construcción. ¿Y cómo se puede subsanar esto? El Gobierno actual está poniendo oído a sectores de la producción que en su debido momento fueron relegados. Hoy el Gobierno tiene dentro de su cartera gente que ha sido gremialista, como el ministro de Obras Públicas, y él entiende lo que es el gremio y la función. Que se permita que el certificado de la Cámara de la Construcción y de los gremios vuelva a tener un valor importante dentro del Estado, es una forma de colaborar e interactuar con el Estado, y ser parte de los procesos. El sector de la construcción cayó un 11 % en el 2020. ¿Cómo estuvo el sector este primer semestre? Este primer semestre se ha mejorado con relación al 2020, pero sobre todo ha mejorado el sector privado, no el público, que tiene un decrecimiento de inversión desde el 2015, cuando la inversión del Estado comenzó a ser menor. En el 2017 mejoró algo la inversión del Estado, pero fue resultado del terremoto del 2016. Durante el primer semestre del 2021 hemos mejorado, estamos en $ 416 millones de inversión privada. Estamos mejorando sí, pero aún no es suficiente, no podemos cargar esto a la empresa privada, necesitamos del aporte del Estado, sobre todo de la banca pública, que permita y dé no solo crédito al beneficiario de una vivienda, sino que haya una línea de crédito especial para los constructores que deseen invertir. A más de las líneas de crédito, ¿qué otra medida cree que se debe adoptar para reactivar el sector? Hay unos problemas a nivel de costos de materiales como el acero. A nivel internacional, China está consumiendo la mayor cantidad de acero del mundo, lo que hace que el costo suba, esto puede repercutir en los costos de vivienda, de la obra pública. Uno de los planteamientos que haremos en su momento será buscar la manera de que el Gobierno analice la posibilidad de disminuir los aranceles para esta clase de materiales. ¿Esos altos costos de las materias primas ya se están reflejando en los precios al consumidor? Ya empieza a reflejarse. El costo del acero empieza a elevarse. Durante la pandemia se compró acero porque a nivel mundial disminuyó la venta y los valores disminuyeron, y empresarios locales o vendedores del producto compraron, pero tenemos que prever lo que puede ocurrir en los siguientes meses. ¿Cree que es factible llegar a la meta de 200.000 viviendas en los próximos cuatro años como lo ofreció el Gobierno? Creo que la tarea de la construcción de 200.000 viviendas es posible, la necesidad de vivienda nacional supera las 700.000 al año. En los próximos días debemos conocer el proyecto habitacional que ha planteado el ministro de Vivienda. Existen dos proyectos, el proyecto de construcción de vivienda rural y el proyecto de inversión en la zona urbana, donde se está planteando una mixtura, que nos va a permitir la inversión público-privada. Nosotros cuando hablamos de las 200.000 viviendas es en la zona rural y es inversión pública, pero aparte de eso habrá una inversión público-privada, estratégicamente planificada, que cubra la necesidad de vivienda en la zona urbana. ¿En la zona rural se ha planteado la idea de hacerlo en alianza público-privada? Creo que el Gobierno terminará jugando con las dos figuras en la zona rural. Obviamente el planteamiento del Gobierno en la época de campaña fue de que era una inversión pública de $ 3.400 millones y que iban a construir 200.000 viviendas en la zona rural. Nosotros los constructores estamos prestos para colaborar junto al Gobierno. ¿El Gobierno les ha dado una idea sobre el rumbo del fideicomiso para las viviendas VIP (vivienda de interés público) y VIS (vivienda de interés social)? El Gobierno tiene todavía recursos en el fideicomiso de construcción de vivienda que no se lograron ejecutar en el gobierno anterior. Esos fideicomisos continúan. El préstamo que está a través de la subvención que da el Gobierno en este fideicomiso le aminora la tasa de interés al 4,99 %. Eso le hemos dicho al Gobierno que hay que sostenerlo. Semanas atrás hubo un movimiento en la tasa de interés para el sector hipotecario del Biess, que luego se revocó. ¿Han hecho algún planteamiento sobre las tasas de interés para este sector? Nosotros (como Cámara de Portoviejo) hicimos el reclamo, pero aquí el asunto es que si uno va al Biess y pregunta cuál es el porcentaje de crédito quirografario, se da cuenta de que es mayor a la cantidad de crédito hipotecario. Le hemos dicho al Estado que los créditos hipotecarios deben ser más en número que los quirografarios, porque este se va para pago de deudas, compras de celulares, ropa, pero el hipotecario le garantiza proyectarse al ciudadano a tener una vivienda. (I)

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