Irregularidades en la VI Emisión de Obligaciones de Ecuagran expone la Supercías en segundo informe sobre compañías investigadas

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) publicó este martes su segundo, de cinco informes, que detallan las acciones realizadas por el ente de control a compañías en las que se detectaron irregularidades en el mercado de valores; por las que la entidad presentó denuncias en la Fiscalía Provincial del Guayas.

El primer caso presentado por la SCVS, el pasado lunes, correspondió al de Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), dentro del caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). Los otros cuatro casos son los de las compañías Delcorp, SMS del Ecuador, Citadel Casa de Valores y Ecuatoriana de Granos (Ecuagran), esta última a la que corresponde el segundo informe.

Respecto a las irregularidades cometidas por Ecuagran, la SCVS informó que el 15 de septiembre de 2020 presentó una denuncia en la Fiscalía Provincial del Guayas tras las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó luego de las primeras acciones de control de oficio que efectuó la entidad luego de analizar la colocación y uso de recursos de la VI Emisión de Obligaciones por hasta $ 15 millones de Ecuagran, que habría proporcionado información contable y operativa en forma incompleta al ente de control.

Esto limitó la verificación del uso de $ 860.166,77, que representan el 6,1%, que habrían sido destinados para la compra de facturas comerciales negociables del emisor Bonacostum S. A., y que el 12 de junio de 2020, el emisor a través de Citadel habría vendido referida factura por medio de una operación cruzada; y, de $ 2′257.650,08, que representan el 16,1 %, que habrían sido destinados a la adquisición de un certificado de depósito del Banco del Austro, el cual fue precancelado el 7 de agosto de 2020.

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El emisor colocó $ 14′707.878,65, que representan el 98,05 % del monto autorizado por $ 15′000.000, entre el 7 de noviembre de 2019 y el 18 de junio de 2020 en el mercado bursátil, 100 % en la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Del informe de la Superintendencia se desprende además que Ecuagran habría utilizado solo el 14,53 % del total colocado acorde con el prospecto de oferta pública, esto es, para reemplazar deuda de corto plazo representada en valores genéricos y para sustituir otros pasivos comerciales o financieros del emisor.

“Se verificó, por medio de registros y soportes contables, que el emisor habría utilizado $ 3′804.808,01, que representan el 27 %, para pagos de pasivos con compañías relacionadas, toda vez que habría cancelado a Delcorp pasivos originados en la adquisición de bienes, situación que deriva en incumplimientos de la normativa jurídica”, sostuvo la SCVS, que agregó que $ 2′161.710,1, que representan el 15,37 %, a través de los registros contables e instrucciones a Decevale se acreditarían estos valores a favor de Delcorp, se evidenciaría en la contabilidad la existencia de una cuenta por cobrar a la relacionada; es decir que fueron destinados a préstamos a Delcorp, inobservando lo constante en el contrato de emisión y prospecto de oferta pública, incumpliendo el ordenamiento jurídico en referencia.

Además, el informe reveló que $ 2′690.280,16, que representan el 19,13 %, habrían sido destinados a la adquisición de un certificado de depósito del Banco del Austro; sin embargo, este habría sido precancelado el 21 de julio de 2020 y depositado en la cuenta bancaria de Delcorp en Banco del Austro, para el primer pago de la garantía bancaria 10000015565 emitida el 10 de julio de 2020 por $ 2′500.000 a favor de Nitron Group Corporation.

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Con el saldo se habría emitido un nuevo certificado por $ 75.000 a nombre de Ecuagran que habría sido precancelado el 31 de agosto de 2020, para el segundo pago de la misma garantía bancaria a favor de Nitron Group Corporation. “Es decir, los recursos de la emisión habrían sido utilizados para pagos de pasivos de su relacionada Delcorp S. A., incumpliendo el ordenamiento jurídico en referencia”, detalló una de las conclusiones del informe.

Por último, en la investigación de oficio iniciada por la Superintendencia se verificó que $ 247.552,54, que representan el 1,76 %, habrían sido destinados para la compra de facturas comerciales negociables del emisor GVM CVMCORP S. A., observándose que el mismo día de la compra, el 7 de mayo de 2020, se vendieron las facturas adquiridas y los recursos fueron transferidos a las cuentas bancarias de las compañías Medicreditos S. A. e Invesfactoring S. A., registrándose como otras cuentas por cobrar.

“Según lo manifestado por el contador del emisor vía correo electrónico de fecha 04/09/2020, Ecuagran no ha tenido relaciones comerciales con dichas compañías, situación que deriva en incumplimientos al ordenamiento jurídico en referencia”, determinó la SCVS, que indicó que a Ecuagran se le dictaron resoluciones que tienen el objeto de supervigilar la marcha de la compañía, posteriormente se resolvió iniciar el proceso de disolución/liquidación, además de haberse emitido resolución con sanciones pecuniarias.

Sobre la denuncia presentada en la Fiscalía, la SCVS indicó que está en etapa de instrucción fiscal y se han formulado cargos contra varias personas.

En tanto, en junio pasado, el liquidador de Ecuagran, José Ibáñez Santos, cuestionó que la Superintendencia levantó en septiembre de 2019 la intervención de Ecuagran declarada el 9 de abril del mismo año, que había durado seis meses, y que en octubre de ese mismo año ya le permitió realizar la sexta emisión de obligaciones hasta por $ 15 millones.

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Al respecto, la SCVS indicó en su informe que la intervención fue declarada por Carlos Murillo, intendente nacional de Mercado de Valores, y que el levantamiento de la medida se dictó después de que Murillo acogiera la recomendación de la directora de Control y el director nacional de Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo de ese entonces, considerando que a la fecha del levantamiento de intervención las facturas comerciales negociables, objeto de análisis, se encontraban canceladas y que el emisor había solicitado la cancelación de su inscripción en el catastro público como emisor de los títulos Facturas Comerciales Negociables, es decir, dejaría de financiarse a través de este medio. (I)