Las nuevas tarifas para el impuesto a los consumos especiales (ICE) para cigarrillos, armas de fuego, aviones, motos acuáticas, cuadrones y otros ítems fueron rechazadas por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), con el argumento de que incentivan el contrabando y la informalidad.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó las nuevas tarifas que rigen desde el 21 de mayo, luego de la sentencia judicial que dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo que las había reducido en el 2023.

Según la Cámara de Comercio, el propósito fundamental de ese impuesto es limitar el consumo de bienes considerados lujosos o perjudiciales para la salud. Sin embargo, asegura que estas tasas impositivas son tan elevadas que provocan un aumento significativo en el precio del producto en el mercado legal, volviéndolos más atractivos en el mercado informal. “En lugar de fomentar la protección de la salud, se genera un incentivo negativo. Muchos consumidores terminan adquiriendo estos productos en un mercado no regulado, poniendo en riesgo su salud en el proceso”.

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ICE para cigarrillos, armas de fuego y aviones vuelve a tarifas más altas, tras sentencia de la Corte de Pichincha

El ajuste de las tarifas del ICE se produce con base en una sentencia emitida el 24 de abril pasado por la Corte Provincial de Pichincha, que dejó sin efecto al Decreto Ejecutivo 645, del 10 de enero de 2023, que había sido firmado por el entonces presidente Guillermo Lasso. En el decreto se bajaban las tarifas, y el argumento era fortalecer la seguridad ciudadana, combatir el contrabando y la informalidad. Tras la sentencia, las tarifas pasan a ser las mismas que regían antes del 10 de enero del 2023. Por ejemplo, las armas de fuego, armas deportivas y municiones que con el decreto bajaron del 300 % de ICE a 30 %, volvieron a subir a 300 % desde el 21 de mayo pasado.

Según la CCG, este cambio (bajar del 300 % al 30 %) no solo resultó en una disminución de costos para el servicio, sino que también generó un aumento en la recaudación fiscal al asegurar que antes de la reducción del ICE la recaudación era de $ 118.000 y luego pasó a $ 548.000. “Aumentar el ICE es incluso perjudicial para las cuentas fiscales”.

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También cita cómo el ICE eleva los costos de los vehículos. La Cámara aseguró que en Ecuador un automóvil tiene un costo promedio de $ 17.300, mientras que en Perú es de $ 12.990 y en Chile $ 11.760. “El alto costo en Ecuador se debe a que el 17 % del valor que pagan los ecuatorianos por su vehículo corresponde al ICE. Este impuesto junto con los aranceles son los dos tributos con mayor participación en el costo. Los vehículos, para muchos, son una herramienta de trabajo, y por esa razón, no deberían gravar un alto ICE”, señaló el gremio.

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“Solo la Corte Constitucional tiene potestad para decidir sobre el ICE”

El gremio también indicó que los jueces provinciales tomaron la decisión de anular la reducción del ICE sin seguir las reglas establecidas. La Cámara argumentó que los jueces ignoraron que solo la Corte Constitucional tiene potestad para decidir sobre este tema, según el artículo 435 numeral 2. También pasaron por alto la norma del artículo 42, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que prohíbe a los jueces de una acción de protección evaluar la constitucionalidad de las leyes, según el gremio.

“La sentencia de la Sala de la Niñez simplemente anula el Decreto 645 de 2023, sin abordar la situación de las tarifas del ICE para el 2024. La falta de orientación sobre cómo proceder deja un vacío legal en la determinación de las nuevas tarifas.”, advirtió la Cámara.

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Y sugirió que una vez ejecutoriada la sentencia, la Corte Constitucional seleccione, revise y revoque la sentencia de los jueces provinciales, y revise la conducta de estos últimos para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares.

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Además, y de forma paralela, proponen que el presidente de la República, como parte procesal de la acción de protección, cuando la sentencia esté ejecutoriada, presente una acción extraordinaria de protección para impugnar lo resuelto por los jueces provinciales.

La intención del gremio es que el ICE de estos productos vuelva a bajar, al asegurar que permitir que haya tasas elevadas de ICE en productos fundamentales para sectores económicos afectados por la inseguridad y los cortes de energía obstaculiza su desarrollo.

“Sugerimos al presidente utilizar la facultad que tiene para bajar ICE vía decreto ejecutivo. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil proponemos la disminución de los ICE para fomentar la competitividad, impulsar la reactivación económica y mejorar el poder adquisitivo de la población”, concluyó el gremio. (I)

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