Audiencia que definiría la representación de los asegurados en el IESS quedó suspendida

La jueza Betsy Farías, de la Unidad Judicial de Familia de Portoviejo, suspendió la audiencia por la acción de protección con la que un grupo de sindicatos pretende que Jorge Moncayo Chica ocupe la vocalía de los asegurados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).La diligencia se realizó este lunes 19 de enero, de manera virtual. Luego de más de dos horas de audiencia, la jueza suspendió la sesión para analizar todos los argumentos presentados por las partes y tomar una resolución, la cual se espera conocer los próximos días.Hasta que se emita la decisión judicial, seguirán vigentes las medidas cautelares con las cuales la jueza Farías ordenó a la Superintendencia de Bancos calificar la idoneidad de Moncayo para la vocalía.En el caso se disputa la designación de Jorge Moncayo, quien fue elegido en diciembre de 2025 en una asamblea extraordinaria autoconvocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones, para llenar el vacío en el que quedó la vocalía de los afiliados, desde octubre, tras la renuncia de Richard Gómez y la inhabilitación de su suplente, Mercy Maldonado, y completar ese periodo hasta octubre de 2026. Justifican el proceso en el Decreto Ejecutivo 571, de octubre de 2022, que expidió el reglamento para la designación del representante de los asegurados y de los empleadores del IESS, con base en normas vigentes ese momento.Detrás de la acción de protección está Silvio Cedeño Álava, representante de la Confederación Ecuatoriana de Empleados Municipales (CNEM). Alega una presunta vulneración de derechos de Moncayo cuando la Superintendencia de Bancos, el 12 de diciembre de 2025, no calificó su idoneidad para el cargo indicando que no existe norma legal para hacerlo.La demanda constitucional es contra el superintendente de Bancos, Roberto von Buchwald; el director general del IESS, Marco Maldonado Carrasco; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.En la audiencia, el abogado Roosevelt Cedeño, defensa técnica del accionante, aseguró que lo actuado por las organizaciones que eligieron a Moncayo es legal y que representan a la mayoría de sindicatos de tercer nivel, puesto que —según dijo— existen registradas 15 grupos con esta categoría y 10 fueron los sindicatos que se autoconvocaron en la asamblea del 1 de diciembre.Respecto de la negativa inicial de la Superintendencia sobre la calificación de Moncayo dijo que la entidad no podía derimir si lo hecho por los gremios de trabajadores estaba bien o mal, sino que su única función era revisar el cumplimiento de requisitos por parte de Moncayo.El abogado además expresó que ni el IESS ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) han aplicado las reformas a la Ley de Seguridad Social para elegir al representante de los asegurados. Y defendió que se presentó la acción de protección en Portoviejo, porque Silvio Cedeño Álava es funcionario público que labora y vive en esa ciudad, por lo que la jueza tiene competencia para llevar adelante la causa. Mencionó que existe el precedente que Richard Gómez obtuvo la vocalía cuando impulsó una demanda similar en un juzgado de Quevedo, en 2022.Los abogados representantes del IESS, de la Superintendencia de Bancos y de la Procuraduría expusieron, entre otros puntos, que la jueza no tiene competencia en el caso porque el oficio que dio origen a la demanda se emitió en Quito.Señalaron que la elección de Moncayo no tiene asidero legal, puesto que existen reformas a la Ley de Seguridad Social que dejan sin efecto el Decreto 571 de 2022.Que la CUT y el resto de agrupaciones no podían autoconvocarse porque no existe norma que lo ampare. Y que el vocal de los asegurados debe ser seleccionado mediante un proceso electoral regulado y conducido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).Los voceros del IESS informaron que desde diciembre se instalaron mesas técnicas con el CNE para la estructuración del proceso electoral y se cuenta con un cronograma borrador del calendario de las elecciones.Además, señalaron que Moncayo no representa a todos los asegurados, muestra de ello es que varios sindicatos han reclamado que no fueron notificados ni convocados a la asamblea que promovió la CUT con otras agrupaciones.La jueza también escuchó las intervenciones de siete personas que presentaron amicus curiae . De ellos, dos se pronunciaron a favor de la designación de Jorge Moncayo, enfatizando que existe una acefalía en la vocalía que deja sin representación a los asegurados en el Consejo Directivo. Por el lado de quienes se oponen estaban dirigentes gremiales de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut), la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y de la Confederación de Trabajadores del Sector Público del Ecuador (Conasep).Mencionaron que es improcedente la elección de Moncayo y que, además, no fueron convocados a la asamblea del 1 de diciembre, pese a ser organizaciones de tercer nivel. Reiteraron que el Decreto 571 ya no es válido porque se fundamenta en normas que yo no están vigentes. Aún así, indicaron que en ese decreto se señala qué organizaciones deben elegir al vocal de los asegurados y la mayoría de ellas no fue ni siquiera notificada con la sesión que realizaron la CUT y otras. El IESS, la Superintendencia, la Procuraduría, los dirigentes de la Cedocut, UGTE y de la Conasep, así como un dirigente de jubilados y una abogada laboral que también participaron en la audiencia, solicitaron a la jueza la revocatoria de las medidas cautelares y rechazar la acción de protección.Al final de la jornada, la jueza Betsy Farías no fijó fecha para la reinstalación de la audiencia. (I)

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