Gobierno y maestros discrepan por cifras de impacto fiscal de aumentos salariales

En $ 4.000 millones calcula el presidente Guillermo Lasso el impacto fiscal del incremento salarial para los maestros que consta en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

El pasado 13 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó con 113 votos ajustes a la normativa que fue tramitada y votada en el anterior periodo legislativo, y que fue suspendida por la Corte Constitucional (CC) hasta que se ratifiquen o cambien textos que permitan su aplicación.

En su conversatorio de este 15 de marzo, Lasso cuestionó la decisión del Parlamento. Sostuvo que en Ecuador el déficit presupuestario para este 2022 es de 2,3 % del producto interno bruto (PIB) y si a eso se incluye el aumento salarial para los profesores, que representa el 4 %, el déficit llegaría a 6,3 %. Además, con la “pretendida” derogatoria de la reforma tributaria que promueven algunos sectores legislativos de oposición se perderían ingresos de alrededor del 1 % del PIB, agregó.

En total, el déficit –estimó el mandatario– llegaría a 7,3 %, lo que para Lasso “no es manejable” y será imposible conseguir financiamiento.

En el informe que el Ministerio de Economía y Finanzas presentó en la Comisión de Educación de la Asamblea cuando se inició el trámite de la reforma, y en el cual se basan las cuentas de Lasso, se indicó que el impacto presupuestario directo por los cambios en el escalafón del magisterio llegaría a $ 2.880 millones.

Solo en el primer año sería de $ 2.175 millones con incrementos anuales a las recategorizaciones establecidas en las normas del magisterio. A esto, señala el ministerio, habría que agregarle $ 705 millones correspondientes a la aceleración de la meta constitucional del gasto en educación (que es del 6 % del PIB) en el presupuesto de educación y el nuevo escalafón.

Aparte citaron otros impactos en el sistema de Seguridad Social:

“1. Incrementos en los aportes para el seguro de salud por el nuevo escalafón en $ 23,03 millones.

2. Costo actuarial para financiar la reducción de tiempos de aportes, que ascendería a $ 1.082 millones (por el 40 % del aporte estatal)”.

Aunque estos últimos puntos no aplicarían, pues la jubilación diferenciada para el magisterio a los 25 años de aportaciones y no a los 30 como es el sistema general, finalmente no fue aprobada por la Asamblea pese a que la Corte pidió que también se aclare el tema.

Al momento el ministerio prepara un informe actualizado, indicó la institución.

La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, expresó que existe “mala fe” en el Gobierno al “sobredimensionar” el impacto fiscal.

La dirigente indicó que en el informe de la Comisión de Educación se concluyó que se requerirían unos $ 600 millones para la equiparación salarial. “Nada que ver con la cifra que da el presidente de la República”, señaló.

“Lo que pedimos es que se transparenten las cifras. Por eso nos mantenemos en que esta equiparación salarial corresponde a una reparación de derechos del magisterio. No podemos aceptar que se sobredimensione esta cifra con el ánimo de criminalizar esta justa lucha”, dijo.

Vargas explicó que en la ley se cita específicamente la fuente de financiamiento para los incrementos, se trata de la recaudación fiscal, que ha crecido en los últimos meses en $ 1.000 millones. Además del ingreso extra por el aumento del precio del petróleo.

La UNE ratificó que realizará este 17 de marzo plantones afuera de las gobernaciones del país para exigir al Gobierno que respete la decisión de la Asamblea.

El Ejecutivo debe enviar a la Corte Constitucional un informe con sus comentarios sobre el tema y será esta institución la que finalmente tome una decisión sobre la viabilidad de la norma. (I)