Durante los primeros 30 días del 2023, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Banco del IESS (Biess) deberán publicar la información relacionada con el manejo financiero y los compromisos económicos que la institución adquiera. Además deberá publicar sus estados financieros detallados que incluyan sus balances y los cálculos actuariales con los que cuente hasta ese momento. Lo deberá hacer con “una guía para la debida comprensión de la ciudadanía”.

Así lo dispone la denominada Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social para promover la total transparencia de la gestión de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de todas las entidades de su propiedad, que entró en vigencia el pasado 5 de abril, cuando fue publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 36.

Dicha ley indica que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las entidades de su propiedad o subordinadas financiera o administrativamente estarán obligadas a dar acceso al público a la contabilidad, archivos o documentos justificativos de sus operaciones actualizadas, “sin limitación alguna para todos los aportantes de la Seguridad Social”, con las excepciones previstas en la ley. Para el acceso a este tipo de información, la persona interesada deberá presentar una solicitud debidamente motivada. “La reserva de la información no aplicará para los aportantes al sistema de seguridad social”, dice la ley.

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Sobre el tema, María Dolores Orbe, asesora de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, que fue el ente que trató el tema, explicó que el objetivo de la ley que acaba de entrar en vigencia “es promover la total transparencia de la gestión de los recursos del IESS”.

Explica que esta ley nació por la necesidad que se ha sentido de tener un acceso más fluido a la información de la Seguridad Social, pues incluso para los propios asambleístas ha sido complejo el obtenerla.

Sobre el tema, Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS, considera que esta ley es redundante, demasiado general y que no resuelve el problema del IESS.

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Aunque piensa que sí es necesario que haya transparencia en el IESS y el Biess, cree que esta ley no tendrá un verdadero efecto y que es más bien una declaración de tipo política. Explica que tanto en la Ley de Seguridad, como en la de Acceso a la Información, así como la de Participación Ciudadana, existen normas que obligan a las autoridades a publicar información en la página web o permitir el acceso a la información a través de solicitudes. También se plantea que puedan existir veedurías y control social sobre las diversas entidades.

Actualmente los balances del Biess, por ejemplo, están prácticamente al día pues el último está a febrero del 2022 y se lo puede observar, aunque en un formato muy técnico, en la Superintendencia de Bancos. Los estudios actuariales sí constan en la página web del IESS.

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La ley fue un proyecto propuesto en el 2020 por el entonces asambleísta de CREO Roberto Gómez. La nueva Comisión de Derechos de los Trabajadores, con Rina Campain (también de CREO) a la cabeza, asumió el tratamiento de la norma que recibió observaciones del Ejecutivo. Entre ellas estaba la necesidad de aclarar que el Biess es autónomo y está regulado por su propia normativa al ser entidad del sistema financiero; además se indicaba que la norma era redundante. Sin embargo, dichas observaciones fueron rechazadas por el ente y más bien se ratificaron en el texto original de manera unánime. Ahora se acaba de convertir en ley de la República. (I)