Cinco temas abordó el debate presidencial que la noche del domingo pasado los candidatos Andrés Arauz, de la coalición UNES; y Guillermo Lasso, de la Alianza CREO-PSC, mantuvieron en Guayaquil: economía y empleo; salud; institucionalidad democrática; educación y tecnología; y relaciones internacionales y migración.
Sin embargo, uno de los temas en el que Lasso y Arauz coincidieron y se dio al inicio del encuentro, durante el tema de economía y empleo, fue la eliminación del impuesto del 2% sobre los ingresos brutos de las microempresas que se dispuso en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada el 31 de diciembre de 2019 e instrumentada con su reglamento el 28 de julio de 2020. El tributo empezó a cobrarse en enero de este año
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“Vamos a eliminar el impuesto del 2% a los pequeños negocios para estimular los ingresos de las familias ecuatorianas, vamos también a eliminar el exceso de impuestos, eliminar el exceso de trámites, promover la inversión tanto local como extranjera para reactivar obra pública y también en el sector privado”, ofreció Lasso.
Arauz no se quedó atrás: “Vamos a poner dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que la madre de familia reactive el comercio, lo dinamice, para que podamos facilitar el emprendimiento, eliminando ese impuesto del 2% a las microempresas...” también ofreció.
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Pero, ¿cómo se aplica este impuesto, a quién se le cobra?
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el impuesto es parte de un régimen impositivo que simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los microempresarios respecto al impuesto a la renta, impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos especiales (ICE). Adicionalmente, se elimina la obligación de ser agentes de retención, excepto en los casos previstos en la normativa tributaria vigente.
Para Héctor Delgado, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, la eliminación del impuesto del 2% es un alivio muy grande para las pequeñas empresas, puesto que esto era considerado un impuesto ciego, porque no toma en cuenta si la empresa tuvo utilidad y peor aún si tiene el flujo necesario para pagarlo.
Esto, añadió Delgado, sumado a que el año 2020 fue muy complicado para la mayoría de los comercios, en donde hubo una disminución drástica en sus ventas y por ende en su resultado final, convierte este impuesto en no factible.
Delgado explicó que se considera microempresa a una organización que tenga una facturación no mayor a $ 300.000 al año y que cuente con hasta nueve trabajadores.
“Los impuestos deben ser dados de acuerdo al resultado del ejercicio, y este impuesto no toma en consideración esta lógica”, concluyó el experto, quien aseguró que en el país existe alrededor de un millón de microempresas que serían el 45% del total de empresas a nivel nacional.
En tanto, otros gremios ya han hecho pedidos al Ejecutivo sobre este impuesto.
Francisco García, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (Capig), indicó que envió una comunicación el 26 de enero pasado al presidente de la República, Lenín Moreno, en la que solicitó que se envíe un proyecto a la Asamblea Nacional para que reforme la Ley y se grave con el impuesto del 2% a las ganancias y utilidades, y no sobre los ingresos brutos de los microempresarios.
“Tener que pagar un impuesto del 2% sobre los ingresos brutos desincentivaría el emprendimiento e inversión”, sostuvo García, quien lamentó que hasta la fecha no ha recibido respuesta del Ejecutivo sobre su pedido. Además indicó que debido al impacto de la pandemia del COVID-19 muchos microempresarios no podrán pagar el tributo.
Añadió que otro error de la Ley es que catalogan a personas naturales como microempresarios. “Eso es erróneo, está equivocado y además atenta contra la autonomía de las personas de poder generar sus negocios y sus ejercicios profesionales de forma autónoma por otro lado”, explicó el dirigente, quien adelantó que seguirá insistiendo con su pedido de reforma.
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), corroboró lo expuesto por García. Indicó que para efectuar el cobro del impuesto el SRI creó un catastro de microempresas en el que se incluyó a pequeños negocios, incluso personas naturales, de forma obligatoria y sin realizar ninguna notificación previa.
Cámaras de Comercio proponen corregir cobro del 2% para microempresarios que inició en 2021
González explicó que también realizaron sus pedidos a Moreno. En concreto, se propuso que el régimen sea voluntario; que se establezca una excepción al pago del impuesto del 2% sobre las ventas en caso de que la microempresa registre pérdidas en el periodo fiscal; y que se condone el pago del impuesto a aquellas microempresas que tuvieron pérdidas en el 2020.
“El Gobierno nos escuchó, pero implementó una medida alternativa: el diferimiento del pago de impuestos. Inicialmente, los contribuyentes debían cancelar sus impuestos en enero, pero se dio una prórroga hasta noviembre para quienes no generaron utilidades por la pandemia. A febrero este impuesto ha recaudado $ 32 millones”, sostuvo el dirigente.
Sin embargo, González calificó la medida como un parche que no soluciona el problema de fondo. Por tanto, adelantó que desde el sector productivo insistirán en su propuesta. “Corregir, no diferir”. (I)