Los ocho jubilados del Ministerio de Educación que presentaron una acción de protección por la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) están indignados porque la jueza se las negó.

Este lunes, 8 de diciembre, se reinstaló la audiencia de primera instancia en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en el norte en Guayaquil, y allí la jueza a cargo del caso negó el recurso.

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La acción de protección fue presentada el pasado 2 de septiembre con el patrocinio del abogado Jorge Itúrburu, el 21 de noviembre se desarrolló la audiencia virtual de primera instancia y allí la jueza escuchó a las partes.

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“En pocas palabras no aceptó la acción de protección interpuesta por las ocho personas adultas mayores”, indicó el representante de los jubilados del Ministerio de Educación de la Zona 5 y la Zona 8, Harry Valarezo.

Según el dirigente, el argumento que les indicó la jueza por el que se les negó el recurso es que “no encuentra vulneración de derecho alguno”. Por ese motivo, los jubilados dicen estar “indignados”.

Agregó que el dictamen fue emitido “en menos de un minuto prácticamente, porque más se demoró el secretario en comprobar si estaban presentes vía Zoom todas las partes”.

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Tras este dictamen, Valarezo comentó que van a esperar que en cinco días se les notifique por escrito al correo electrónico y procederán a presentar formalmente la apelación a la sentencia, que la califican como “una burla, ofensa, engaño”. “Presentaremos la apelación y nos iremos a una segunda instancia ante un tribunal de la Corte, aquí en Guayaquil”, añadió.

De acuerdo con Valarezo, esta resolución no solo afecta al grupo que presentó la acción de protección, sino a los más de 700.000 jubilados y a los más de 1′500.000 adultos mayores que se benefician de la devolución del IVA. “Nos encontramos indignados”, reiteró.

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En medio de este proceso, el dirigente comentó que “curiosamente” la semana pasada a los ocho que presentaron la acción de protección les devolvieron valores correspondientes a uno, dos, tres y cuatro meses, dependiendo de los casos.

“A mí me devolvieron junio, julio y agosto la semana pasada”, expuso y citó que a otro compañero le acreditaron los valores de mayo, junio y julio; y a otro más, desde diciembre de 2024 hasta julio de este año.

“Curiosamente a los ocho nos han devuelto, han tratado de ponerse al día, pero todavía nos deben septiembre, octubre y noviembre”, aseguró. Aunque que les hayan pagado no fue un argumento que se haya expuesto en la audiencia para negar la acción de protección.

“A septiembre eran once meses, ahora creo que son ocho (y) así sea que nos han devuelto tres meses, pero el retraso continúa y no solamente con nosotros, (sino que) con la gran mayoría, con el 95 %, 98 % de los adultos mayores y no debe ser así, porque ese dinero no le pertenece al Estado, son dineros retenidos”, aseguró el dirigente de lo que han preguntado y averiguado a escala nacional.

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Según Valarezo, los valores por ese concepto tienen que devolverlos en máximo 60 días, pero no después de cinco, ocho, diez meses o un año. (I)