El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no llegan a un acuerdo de conciliación y pago de la deuda histórica que arrastra el Estado con la entidad.
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama, confirmó que hasta el momento no existe un valor consolidado exacto sobre el dinero que el Estado adeuda al Seguro Social por prestaciones de salud, pensiones, entre otros rubros que están pendientes por varios años.
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“La deuda es elevada, es necesario pagarla. Estamos concluyendo con el acuerdo (con el Ministerio de Finanzas) para poder garantizar el pago en los próximos diez años”, dijo brevemente Lama, sin ahondar en detalles del estado de las negociaciones con el ministerio.
Según el IESS, hasta mayo de 2025 la deuda estatal asciende a $ 27.389 millones. El monto es equivalente al 27 % del producto interno bruto (PIB) y al 75,9 % del Presupuesto General de Estado (PGE) prorrogado para 2025, valorado en $ 36.063 millones.
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La última reforma a la Ley de Seguridad Social, publicada el 22 de julio de 2024, dio un plazo de cuatro meses para que el IESS y Finanzas fijen los valores de la deuda, “a través de un proceso de conciliación de cuentas”, y firmen un convenio de pago mediante un cronograma.
El plazo venció en noviembre. Sin embargo, las negociaciones entre las entidades se han extendido, sin lograr todavía un acuerdo concreto.
La ley dispone que el monto de la deuda real deberá incluir intereses. Además, establece que si hay valores que no fueron conciliados en el plazo previsto, las dos instituciones deben acudir a un proceso de mediación ante la Procuraduría General del Estado.
Si se llega a la mediación y quedan obligaciones pendientes, el IESS tendrá que “iniciar las acciones judiciales necesarias para el pago de estos valores en un término no mayor a 60 días, sin prórroga”, indica la norma.
La ley determinó que el plan de pagos que convengan el Seguro Social y el Ministerio de Economía y Finanzas no podrá exceder de diez años. Además, el monto deberá constar en el presupuesto del Estado desde el año 2025. (I)