Que combustible subsidiado puede estar siendo desviado al contrabando y al narcotráfico ahora se alerta desde fuera. Hace unas semanas un reportaje del Washington Post, cuyos autores son Samantha Schmidt y Arturo Torres, calificó a Galápagos como la gasolinera del narcotráfico, y un informe de Fundación Bariloche cuestiona las cifras del combustible que sale hacia Galápagos versus el que realmente llega a las islas.

El exministro de Energía, Fernando Santos, también dijo en una entrevista en un medio digital que el diésel que sale de Guayaquil no concuerda con el que llega allá.

Plan de focalización entraría en el segundo trimestre del 2024, con banda de precios para gasolinas

En momentos en que en el país se discute cómo reducir los subsidios a los combustibles, el reportaje sobre Galápagos confirmó a través de testigos de las islas incidentes, como que a principios de 2021 se conoció de una aeronave que llegó sin previo aviso a una pista en la isla Isabela con ocho contenedores de combustible, cinco de ellos llenos. El piloto huyó y meses después el avión desapareció. Desde el principio las autoridades sospecharon de narcotraficantes.

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Las bandas criminales buscan trasladar la droga de América del Sur a Estados Unidos y Europa. Para realizar el viaje los contrabandistas necesitan gasolina. “Por eso han hecho de Galápagos su punto de reabastecimiento de combustible encubierto. Una gasolinera secreta del Pacífico”, refiere la nota. Los traficantes han optado por una ruta justo al sur y al oeste de las Galápagos a la que llaman la “ruta del desierto”. Con lanchas rápidas o sumergibles, los traficantes pueden viajar hasta 14 días sin atracar, han dicho los funcionarios de la Armada ecuatoriana.

En 2023 la Marina incautó casi 25 toneladas de cocaína en las Galápagos (nueve toneladas solo en noviembre), un aumento del 150 % con respecto a 2022. En 2019, la Marina capturó solo 1 tonelada.

El diario estadounidense publica que los pescadores artesanales están recibiendo subsidios gubernamentales para el combustible para salvaguardar sus precarios medios de vida. “Muchos ahora están aprovechando el combustible subsidiado por el Gobierno para dedicarse al lucrativo negocio del contrabando de gas. En lugar de utilizar el combustible con descuento adquirido legalmente para pescar sus capturas diarias”, dicen las fuentes consultadas por el medio.Funcionarios de la Marina dicen que los contrabandistas de gas pueden ganar hasta $ 30.000 por trabajo.

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También se han incautado armas que supuestamente irían a armar a pandillas ecuatorianas que luchan por el control de las rutas de la droga.

En Ecuador hay 24.000 barcos registrados para la pesca artesanal que parten de más de 120 puertos y muchas más playas que en su mayoría no están vigiladas por las autoridades. El diario también recuerda que en 2009, “el entonces presidente izquierdista Rafael Correa expulsó a las fuerzas estadounidenses de una base militar en la ciudad portuaria de Manta”.

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Además se indica que un equipo de funcionarios de inteligencia que viajó a Galápagos en octubre de 2022 para investigar acusaciones de corrupción en la Marina informó evidencia de que algunos aceptaban sobornos para permitir que embarcaciones no autorizadas entraran y salieran de los puertos.

Tabla de subsidios a combustibles. Foto: Petroecuador

El sector pesquero en Ecuador recibe subsidios en cinco tipos de combustibles: diésel 2, diésel prémium, gasolina extra, gasolina extra con etanol y gasolina para pesca artesanal, que sumaron en total 1′646.537 de barriles en 2023. La cifra superó en 6,3 % a lo despachado en 2022 que fue 1′548.920 barriles.

De este combustible subsidiado reportado por Petroecuador, el mayor volumen se va en la pesca artesanal que representó 1′074.000 barriles, un crecimiento de 4 % con respecto al año pasado. Mientras que el diésel prémium ha sido el combustible que más crecimiento registró en despachos al pasar de 30.441 barriles en 2022 a 48.074 barriles (58 % de crecimiento).

El subsidio por galón de diésel 2 para el sector pesquero atunero y para otras pesquerías cuesta $ 0,63 y el del diésel prémium $ 1,05. La gasolina extra representa un subsidio de $ 0,11 y la extra con etanol $ 0,16, ambos para el ámbito pesquero nacional. Y el de pesca artesanal $ 1,10, según la tabla de subsidios de Petroecuador.

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Esto se pagaría por el galón de extra, ecopaís y diésel prémiun con el 25 % menos del subsidio, como plantea el Gobierno

Francisco Jiménez, exministro de Gobierno en la administración de Guillermo Lasso, y quien participó en mesas de diálogo con indígenas para la focalización de subsidios, comenta que en el tiempo de Lenín Moreno hubo la posibilidad de, a través de una tarjeta bancaria, cargar un subsidio para los taxistas, que era de 270 galones de gasolina a precio subsidiado. Si sobrepasaba este umbral, pagaría precio sin subsidio. El mismo principio se podría aplicar para el sector pesquero, opina. Además que debe haber un fuerte control de las salidas de combustible desde la Costa continental hasta Galápagos. “Un subsidio sin control es igual a mercado negro”.

También considera que hay una oportunidad de controlar o analizar el subsidio al diésel, sobre todo luego que Ecuador ha sido obligado a vender diésel subsidiado a transportistas extranjeros. Justamente a los vecinos de Perú y Colombia. El 30 de enero pasado el presidente Daniel Noboa debió emitir un decreto presidencial en este sentido, atendiendo una sentencia de la CAN. Por eso ahora se dice que oficialmente Ecuador se encuentra exportando subsidios y que esto no es saludable para la economía del país.

Sobre los subsidios en general, Jiménez piensa que deben ser entendidos como parte de las políticas de Estado para reducir las inequidades. Pero esto no está sucediendo en el país.

Considera que buscar identificar a quienes no les corresponde el subsidio, como lo planteó el sector indígena (en vez de ubicar a quienes sí les corresponde y a esas personas entregarles directamente el subsidio) también es una forma efectiva de focalización. En este sentido, dice que ya se adelantaron criterios de cilindraje, de montos de salarios y de número de vehículos a fin de establecer quienes no deberían recibir el subsidio. Sin embargo, al consultarle sobre cómo se puede ejecutar si se requiere una plataforma tecnológica que es muy difícil que pueda funcionar en todo el territorio nacional, explica que esto podría tener un inicio en las principales ciudades como Quito y Guayaquil.

Jorge Luis Hidalgo, experto en energía y gerente de Green Power, asegura que la Fundación Bariloche publicó un informe sobre el consumo energético en Galápagos y uno de sus hallazgos fue que hay una diferencia de más del 20 % entre lo reportado como consumo y lo transportado a las islas. Esto coincide con el reciente artículo que fue portada del Washington Post en el que se analiza los usos o más bien más usos que le dan al combustible importado, subsidiado y transportado desde Guayaquil a Galápagos, asegura.

En este contexto, Hidalgo hace un llamado al presidente Noboa de que al momento no hay recursos que alcancen y sin embargo se están dando subsidios energéticos que solo en combustibles representan más de $ 4.000 millones. Lamentablemente estos subsidios están yendo a sectores ilegales y además el subsidio se convierte en el escudo protector de los importadores e intermediarios de combustibles, dice.

Asegura que en esta línea de apoyar a los importadores e intermediarios de combustibles se han boicoteado procesos indispensables de licitación como Campo Amistad, gas de mecheros, refinación de petróleo y todo aquel que pretenda aumentar producción nacional de energía y disminuir importación de derivados. La pérdida de combustibles con pinchazo en poliductos, la falta de conexión de la Subestación Shushufindi que no se conecta desde el 2017 por lo cual se genera electricidad con diésel importado. (I)