La Contraloría halló irregularidades en el acta de finiquito de un contrato de Petroecuador relacionado con el suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha de sistemas de compresión de gas en estaciones del campo Sacha.
El período examinado fue entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2025.
Por la anomalías detectadas la entidad predeterminó responsabilidades civiles por $ 18,8 millones, informó en un comunicado, el lunes 18 de mayo.
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La entidad resumió que el contrato en cuestión data de agosto de 2007, por un monto total de $ 28,6 millones y un plazo de ejecución de 420 días.
El contratista tuvo varios incumplimientos como falta de entrega oportuna de los derechos de vía, retrasos en la ejecución y en la entrega de bienes.
Por estas faltas se declaró la terminación unilateral del contrato en febrero de 2010, a través de una resolución en la que se dispuso su liquidación.
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Para marzo de ese año se notificaron las multas impuestas al consorcio contratista, que reaccionó con acciones judiciales y constitucionales que más adelante fueron rechazadas.
La Contraloría describió que en la auditoría efectuada se determinó que el 21 de abril de 2021 se firmó un acta de finiquito sin contar con los criterios jurídicos pertinentes.
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Se encontró que en el documento se reconocieron y liquidaron intereses calculados de forma retroactiva desde el año 2010 hasta el 2021, basándose en actas de trabajo suscritas semanas antes del cierre definitivo.
Según la Contraloría, aquello se realizó sin que existiera una obligación pura, líquida o exigible, provocando un perjuicio económico al Estado de $ 9,4 millones.
Además se identificó que en la liquidación final no se descontaron valores fundamentales que ya estaban en firme. Y que en Petroecuador se omitió cobrar multas por $ 7,8 millones y cuentas por cobrar por $ 1,5 millones.
Todas esas omisiones y pagos indebidos de intereses suman el valor que la Contraloría califica como el perjuicio económico total para el fisco.
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A parte de las responsabilidades civiles predeterminadas, la Contraloría sugirió sanciones administrativas para los funcionarios responsables, con multas que ascienden a los $ 9.300. (I)