Tras el pedido de Colombia para que se califique como gravamen la tasa del 30 % por servicio de control aduanero impuesta por Ecuador, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) informó este 18 de febrero que inició “el procedimiento e investigación de calificación de gravámenes y restricciones”.
La investigación se sustenta en los los artículos 46 y siguientes de la Decisión 425, indicó el organismo.
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El documento es el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
La Secretaría confirmó que el pasado 16 de febrero se admitieron a trámite las solicitudes de calificación de gravámenes y restricciones presentadas Colombia contra Ecuador. Esa misma fecha empezó el procedimiento de investigación.
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“En este procedimiento, la Secretaría General de la Comunidad Andina podrá solicitar información a las autoridades competentes, así como practicar diligencias necesarias para constatar los hechos alegados en las solicitudes”, explicó la entidad.
Finalizado el trámite, la Secretaría señaló que emitirá una “resolución”, en la cual se ”determinará si la medida aplicada por un país miembro contra otro constituye un gravamen o restricción".
De igual manera, el órgano aclaró que decidirá cuáles serán las gestiones a seguir en el proceso, “en línea con el compromiso de los países miembros para consolidar el proceso de integración subregional”.
Precisó que se actuará según en lo dispuesto en el artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena y con base en las conclusiones de la investigación.
Colombia formalizó su pedido a la CAN el pasado 9 de febrero. En la solicitud expone que la tasa creada por Ecuador se aplica a mercadería proveniente y originaria de Colombia y que ingresen a Ecuador bajo régimen de importación, con excepción de las importaciones de productos petroleros y de generación de energía y afines.
Ecuador no tardó en reaccionar. Al día siguiente que la CAN admitió a trámite la solicitud de Bogotá e inició las investigaciones pertinentes, el Ministerio de Producción ecuatoriano presentó al organismo regional tres reclamos contra la administración de Gustavo Petro, “por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional”.
La Cancillería ecuatoriana informó que se han identificado “incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia”.
La tasa está en vigencia desde el 1 de febrero y fue una decisión del Gobierno de Daniel Noboa, quien ha señalado que Colombia no ha ejercido un control eficiente y lucha con el crimen organizado en la frontera con Ecuador.
Petro respondió frenando la venta de energía a Ecuador. Y anunció la imposición de aranceles recíprocos a bienes ecuatorianos.
Han habido acercamientos entre las cancilleres de los dos países; sin embargo, la falta de consensos tensa aún más las relaciones bilaterales. (I)