La eliminación del impuesto al patrimonio sería el único tributo a revisarse dentro del trámite del proyecto económico urgente para la atracción de inversiones, cuyo informe para primer debate lo prepara la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.

El presidente de la mesa, Daniel Noboa (EU), descartó al igual que los legisladores Wilma Andrade (ID), Francisco Jiménez (CREO) y César Rohón (antes del PSC) que a través de este proyecto urgente se pueda derogar la reforma tributaria contemplada en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que entró en vigencia como decreto-ley en noviembre pasado.

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La Comisión de Desarrollo Económico espera presentar antes del miércoles el informe de primer debate del proyecto de ley económico urgente, a fin de que en esta misma semana el pleno del Parlamento pueda tramitarlo en primer debate, tomando en cuenta que el plazo de los 30 días para el trámite en dos debates vence el próximo 24 de marzo.

Dentro del trámite de este proyecto urgente, la asambleísta Johanna Moreira (ID), el 1 de marzo, presentó como observación la inclusión de una disposición derogatoria segunda: “Deróguese el Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, publicado en el Registro Oficial Tercer Suplemento No. 587 de 29 de noviembre de 2021, de conformidad a lo dispuesto en el último inciso del artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador”.

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El legislador Noboa manifestó que es posible aplicar reformas puntuales a la reforma tributaria como la revisión del impuesto al patrimonio, considerando que la motivación para aplicar ese arancel fue que no había liquidez en el Estado, y que ahora con un precio del petróleo por encima de los $ 120 el barril, no habría motivo de mantener ese impuesto.

Por qué quitar la liquidez a los empresarios o a los agricultores, que lo que tienen es alto patrimonio y no necesariamente liquidez, preguntó Noboa Azín, quien sostuvo que de esa forma se elimina el impuesto al patrimonio y con ello se fomenta la inversión.

El representante de la provincia de Santa Elena por el Movimiento Ecuatoriano Unido dijo que es bastante complicada la derogatoria de toda la reforma tributaria como lo planteó la legisladora Johanna Moreira.

El legislador César Rohón (antes del PSC), descartó que se pueda derogar la reforma tributaria y sostuvo que el planteamiento formulado por la asambleísta Johanna Moreira está fuera de ley. Esa postura también la comparte la legisladora Wilma Andrade (ID). La derogatoria de esta ley vigente desde noviembre del año pasado tiene un trámite específico, anotaron.

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“No se puede vía un artículo plantear una derogatoria de toda una ley, eso es improcedente, ilegal e inconstitucional, pues el procedimiento está reglado en la Constitución y en la Ley de la Función Legislativa”, afirmó Andrade, tras señalar que lo único que se puede hacer es modificar temas puntuales o específicos.

Andrade coincidió con el legislador Noboa sobre que podría hacerse una revisión del impuesto al patrimonio una vez que el Estado hoy recibe una renta petrolera mayor a la presupuestada.

El delegado de CREO ante la mesa de Desarrollo, Francisco Jiménez, dijo que la derogatoria de la reforma tributaria es un tema juzgado que fue definido por el Consejo de Administración Legislativa para ser consultado a la Corte Constitucional, y pretender introducir esta especie de “caballo de Troya”, en este nuevo proyecto de inversiones puede echar al traste todos los esfuerzos que se buscan para implementar una normativa extraordinaria. Una reforma puntual a la ley tributaria tendría que revisarse, anotó.

Alianzas público-privadas

Respecto al planteamiento que se formula en el proyecto urgente sobre las alianzas público-privadas, el asambleísta Daniel Noboa aclaró que no son una privatización, sino un contrato entre un privado y un público, que es el dueño del bien; el privado es el operador o concesionario por un tiempo determinado.

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Lamentó que un sector de la sociedad está manipulando el concepto, pues trata de sostener que se intenta privatizar los bienes de todos los ecuatorianos. Dijo que tampoco se está discutiendo que el derecho a la salud se tiene que cobrar al usuario.

El legislador César Rohón comentó que al momento se ajustan los términos legales respecto a la delegación.

También la legisladora Wilma Andrade dijo que en la ley en discusión se dejará claro que la delegación que se puede hacer para temas de infraestructura en educación y salud será exclusivamente para ese fin, no el servicio, donde el privado no podrá cobrar ningún costo al usuario. (I)