La apertura gradual del catastro minero ha sufrido demoras que han obligado a reprogramar el cronograma original. El proceso se inició en julio de 2025 con la pequeña minería no metálica, en septiembre debía arrancar para la pequeña minería metálica y a finales de ese año se tenía programado abrirlo a toda la industria (incluyendo mediana y gran minería metálica).
Sin embargo, hasta el momento no se ha podido avanzar de la primera etapa. El procedimiento está a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
El retraso obedece a que en esa fase se recibieron muchas solicitudes para derechos mineros que en realidad correspondían a minería metálica, explicó el viceministro de Minas, Guillermo Flores, en días recientes.
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“Un gran porcentaje de las solicitudes de no metálicos en realidad eran metálicos en zonas netamente metálicas”, resumió.
La minería no metálica es aquella en la que se extraen minerales que no contienen metales como oro, cobre o plata. De ahí sale la materia prima para industrias como la construcción o la porcelana, por ejemplo, ya que sirve para elaborar cemento, hormigón, cal, cerámica, entre otros productos.
El viceministro indicó que debido al número de solicitudes incorrectas se ha involucrado a más personal de la Arcom y del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IGE), con el objetivo de identificar si los polígonos que se están pidiendo son no metálicos.
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“Ya estamos bastante avanzados. Ya tenemos el conocimiento y la base de información a través del IGE que nos va a permitir despachar mucho más rápido los trámites”, resumió.
Con eso se prevé avanzar con la apertura del catastro para la minería metálica hacia finales del primer semestre del año. No obstante, Flores aclaró que todavía no es algo que esté definido.
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“Lo ideal sería arrancar con mediana y gran minería para tratar de sostenernos en proyectos mucho más grandes; hay bastante interés de empresas internacionales en poder desarrollar esos proyectos. En pequeña minería estamos hablando de 300 hectáreas, pero en media y grande son proyectos de 5.000 hectáreas”, señaló.
Además, indicó que en ese contexto, de manera paralela, el IGE está trabajando en la elaboración del mapa geológico para determinar zonas con potencial, principalmente para mediana y gran minería, sin dejar de lado a la pequeña industria.
La apertura escalonada del catastro minero se dispuso tras siete años de permanecer cerrado.
En 2018 se tomó esta medida debido a irregularidades e inconsistencias detectadas en el sistema, a lo que se sumó la presión de grupos antimineros. Hasta ese año se otorgaron 5.432 concesiones, según datos oficiales.
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Los retrasos en la reapertura del catastro para la minería metálica han frenado la llegada de inversiones y recursos frescos que promuevan principalmente la exploración de nuevos proyectos, señaló María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME).
Silva mencionó que se conoce y entiende que el Gobierno está depurando el catastro de la mano de organismos multilaterales de una manera más técnica y tecnológica.
“Seguimos a la espera. Es necesario que el catastro se abra para atraer capitales frescos, pero no solo para eso, sino para dar gobernanza a esos polígonos y que no caigan en manos de ilegales”, comentó.
La dirigente gremial puntualizó que existe una “relación fluida” entre la industria y el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).
Hasta diciembre de 2025, según datos de la Arcom, el Sistema de Gestión Minera registró 5.640 derechos mineros inscritos, compuestos de la siguiente manera:
- 2.280 concesiones mineras
- 2.031 permisos de minería artesanal
- 748 autorizaciones de libre aprovechamiento
- 360 licencias de comercialización
- 221 plantas de beneficio
Adicionalmente, en el sistema constan 1.605 derechos en trámite, que están en proceso, informó Santiago Cáceres, coordinador nacional de Regulación Minera de la Arcom, durante el evento de rendición de cuentas de 2025 de la agencia.
De acuerdo con lo expuesto por Cáceres, los derechos mineros son títulos de concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias y permisos, autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación y licencias de comercialización.
Los derechos son otorgados por el Ministerio de Ambiente y Energía. La Arcom se encarga de la regulación, el control y la vigilancia de las actividades mineras. Asimismo, administra el catastro minero, verifica el cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales de los titulares y ejecuta acciones de control, seguimiento y sanción.
Por tasa minera se recaudaron $ 3,5 millones
En 2025, el Gobierno también implementó la tasa de supervisión y control minero, que se cobra a las empresas de acuerdo con las concesiones mineras que posean como contraprestación por el servicio público de fiscalización.
La recaudación está a cargo de la Arcom, que ese año registró $ 3,5 millones, según las cifras de la rendición de cuentas.
La tasa aplica para los titulares de concesiones no metálicas y de concesiones mineras metálicas dentro del régimen general, régimen de pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala.
El pago a la Arcom está segmentado según el tipo de régimen. Las empresas de mediana y gran minería deben pagar dos veces al año: en enero y julio. La pequeña minería y el régimen general solo pagan en enero.
Están excluidos los titulares de concesiones y/o permisos para materiales de construcción.
Desde la Cámara de Minería se insiste en que la tasa es un obstáculo para el arribo de inversiones de mayor volumen al país, por lo que el gremio ha pedido que sea retirada o que se la module. (I)
