Asambleístas condenan bloqueo de acceso ordenado por la Contraloría a declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos

Acciones de inconstitucionalidad, pedidos de información y comparecencias son las medidas anunciadas por varios asambleístas frente a la disposición del contralor del Estado, Mauricio Torres Maldonado, de restringir el acceso a la información sobre las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos.

Legisladores de oposición advierten que la máxima autoridad de la Contraloría está extralimitándose en sus funciones y que la medida podría vulnerar el principio constitucional de acceso a la información pública, de transparencia y el derecho ciudadano a fiscalizar, por lo que impulsarán mecanismos de control político y solicitarán que revea la decisión.

En tanto que los legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) evadieron respuestas frente a la medida tomada por la máxima autoridad de control.

La presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea, Diana Jácome, al referirse al tema señaló: “Ese es un tema que le corresponde a la Contraloría General del Estado, creo que es importante que se lo pregunten a la autoridad correspondiente”.

Casi lo mismo dijo el legislador Andrés Castillo, al señalar que “... lo que el señor contralor general del Estado decida, es decisión de él”. Los demás asambleístas de la bancada ADN no quisieron pronunciarse.

Impulso de acciones

Los asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC) Blasco Luna, Paola Cabezas y Luis Fernando Molina pedirán información al contralor Mauricio Torres, para lo cual solicitarán su comparecencia en el pleno de la Asamblea Nacional, así como plantearán una acción de inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional.

El legislador Luna anticipó que a través de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, a la que él pertenece, solicitará la comparecencia de la máxima autoridad de la Contraloría para que explique las razones de esta medida y conminarle a que retire la restricción de acceso a la información, que hace daño a la transparencia.

Recordó que la Asamblea tiene la capacidad de fiscalizar a entidades como la Contraloría; por ello, mediante un cambio en el orden del día en la comisión solicitará que se aborde el tema.

Paola Cabezas, de la RC, indicó que es fundamental que toda declaración patrimonial juramentada sea pública para detectar enriquecimiento ilícito. El contralor no puede tomar decisiones unilaterales que contradigan la ley, ya que su función es garantizar la transparencia, no ocultar la información.

Cabezas llamó a la prensa a denunciar la decisión del contralor, porque todo funcionario público desde el momento que asume el cargo, el patrimonio y las declaraciones quedan expuestos a la ciudadanía, y en algunos casos autoridades electas por el voto popular incrementan su patrimonio sin mayor explicaciones y se convierten en millonarios de la noche a la mañana, y aseguró que eso está pasando con muchas autoridades en la provincia de Esmeraldas.

Según la legisladora nacional, el contralor está extralimitándose en sus funciones, porque, justamente, la Contraloría, que tiene que propender la transparencia, ahora pretende encubrir y esconder información de los funcionarios públicos.

Su coideario Luis Molina (RC) advirtió que esta modificación a la publicidad en las declaraciones juramentadas es una vulneración al derecho de acceso a la información pública y, sobre todo, a la transparencia.

También afirmó que un reglamento no puede vulnerar ni la ley ni tampoco la Constitución. Por lo tanto, dijo que la RC analiza la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad a esta normativa, que restringe el acceso y la transparencia de las declaraciones juramentadas de quienes son funcionarios públicos.

Dijo que el contralor, en lugar de preocuparse por tomar estas resoluciones, debe poner empeño en realizar el examen especial sobre el incremento patrimonial de Andrés Fantoni como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que la información es pública, por lo tanto, no hay norma ni reglamento que faculte a la Contraloría a pedir requisitos para acceder a la información; por lo tanto, la decisión que ha tomado la Contraloría no está acorde a la norma y se la debería rever.

Recordó que los funcionarios públicos están sujetos al escarnio público, para que los periodistas y la ciudadanía conozcan la información de quienes los representan y quiénes toman decisiones en el Estado.

Indicó que debería ser el pleno de la Asamblea Nacional quien apruebe una resolución para exigir a la Contraloría que revoque esta decisión.

Valentina Zárate, excontralora general del Estado subrogante, manifestó que la discusión no debería centrarse únicamente en si la Contraloría puede o no pedir datos del solicitante, sino en algo más de fondo: si esa exigencia es compatible con el derecho constitucional de acceso a la información pública.

Indicó que en el Ecuador, ese derecho se rige por el principio de máxima publicidad. Esto significa que la información pública debe ser accesible sin necesidad de justificar el interés ni el uso que se le dará. En ese contexto, introducir criterios como el “buen uso de la información” resulta problemático, porque no está definido en la ley y abre un espacio de discrecionalidad que puede terminar restringiendo el acceso.

Zárate Montalvo afirmó que cualquier limitación a un derecho constitucional debe cumplir con estándares claros de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este caso, hay dudas razonables sobre si exigir la identificación del solicitante realmente cumple con esos criterios o si, por el contrario, puede generar un efecto inhibidor en periodistas, investigadores o ciudadanos que ejercen control social.

Por otro lado, señaló que si bien es legítimo proteger datos personales, también es importante recordar que las declaraciones juramentadas son, por disposición legal, información pública. La protección de datos no puede convertirse en un mecanismo para limitar el acceso a información que, por su naturaleza, está destinada al escrutinio ciudadano.

Manifestó que esta acción de restringir el acceso se realiza en el contexto de las denuncias que se han realizado, en estos días, en contra del contralor Mauricio Torres por, supuestamente, haber contratado a varios de sus familiares o la vinculación de estos en otras instituciones del Estado. Y los periodistas se enteraron a través del sistema de declaraciones juramentadas; por lo tanto, dijo que llama la atención que por eso se restrinja el acceso a esta información.

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