La gerenta del Banco Central expone los temas principales de la Ley de Defensa de la Dolarización que se tratará en la Asamblea, tras corregir ciertos errores de forma que obligaron a devolver el proyecto por parte del CAL. La funcionaria explica los peligros de que no haya una un balance suficientemente líquido. Confiesa que en marzo y abril del 2020, frente a la demanda de dólares, se vivieron momentos muy complicados.

¿La ley de defensa de la dolarización significa una privatización del Banco Central?

Yo empezaría desde el concepto de qué es privatización que es la venta de acciones o participación desde el sector público al privado. Esto no está sucediendo, lo que se está haciendo es mejorar el manejo de la entidad de manera técnica.

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¿En qué consiste entonces la ley?

Hay tres ejes importantes en la ley. El primero es tener la capacidad de tomar de manera autónoma, técnica e independiente decisiones que no pongan en riesgo la dolarización. Esas decisiones deben tomarse a través de un ente colegiado. En segundo término el BCE debe ser un asesor adecuado del Gobierno, explotar las estadísticas y generar análisis. El tercer eje es la autonomía funcional, a fin de que pueda tomar decisiones de su presupuesto, de normas contables, de los temas de auditoría.

¿Considera que la dolarización está en riesgo?

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No está en riesgo, pero hemos tenido momentos muy complicados, hemos pasado noches sin dormir y tenido que acceder a préstamos de liquidez para resolver el problema. Ahora ya tenemos una reserva de $ 6.500 millones, una cifra que genera tranquilidad. Pero esto no significa que no se deba blindar para el futuro.

¿El descalce o hueco que existe entre activos líquidos y obligaciones generaron esos momentos complicados?

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Ese es el ejemplo claro. Entre marzo y abril del 2020, por pandemia, me demandaron $ 1.500 millones y en esos meses la reserva estaba en $ 1.800 millones. Era un momento de mucho estrés, ya teníamos incluso el plan de a quiénes dejaríamos de pagar, luego dijimos vamos a pedir préstamos de liquidez a una banca que es nuestra contraparte en el exterior. Fue muy duro.

¿Cómo explicar la importancia de acumular reservas?

El Gobierno requiere hacer pagos al exterior: pagar deuda, importar combustibles, los bancos nos piden billetes que debemos entregar de las bóvedas del Banco. También manejamos dinero de terceros. Si no tengo un balance con activos líquidos puedo tener problemas, por eso queremos que los depósitos estén cubiertos. Para eso sirven las reservas.

¿Por qué se produjo el descalce entre activos y obligaciones del Banco Central?

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A partir del 2008 se le facultó al Banco Central a hacer inversión doméstica y en 2014 se le permite invertir en el Ministerio de Economía. El balance ahora es de $ 16.000 millones, pero tengo un montón de activos que no son líquidos (acciones, títulos, inversión doméstica de la banca pública). Hasta antes del 2008 la reserva cubría el 95% de los compromisos y luego en 2015 y 2016 bajó a 40%. A partir del 2018 ya hemos recuperado y estamos bordeando el 52%.

¿Cuánto deben recuperar para la capitalización del BCE?

Al 8 de febrero, en inversión doméstica de la banca pública hay que recuperar $ 1.296 millones. Todo lo de Conafips ya fue pagado el año anterior. De parte del Ministerio de Economía debemos recuperar $ 3.205 millones. Y las acciones de la banca pública que hay que vender son $ 2.364 millones.

¿Existe contradicción entre la Constitución y el proyecto de ley?

El 303 de la Constitución es claro y dice que la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera la planificará el Ejecutivo y se instrumentará por el BCE. No nos estamos yendo en contra de este tema, el instrumentar no significa que no pudiéramos opinar técnicamente sobre las políticas.

¿Cómo garantizar que el sector financiero no maneje el directorio y la junta, ya que se necesitan personas especializadas, pero sin intereses?

Son de los cucos que se le pone a la ley. Pero el directorio será un cuerpo colegiado, sus miembros deben cumplir requisitos y no estar inmersos en inhabilidades ni en conflicto de intereses. Por ejemplo se establece que no hayan sido propietarios directa o indirectamente de más del 6% de una entidad financiera, de seguros o valores en los últimos 12 meses anteriores a la designación. Lo mismo para directores o representantes legales. (I)