Limitaciones de los municipios ante determinados hechos que generan contaminación ambiental

El número de sanciones por afectación al medioambiente que dio la Municipalidad de Guayaquil dentro de su jurisdicción durante el 2020 fue de 68, el 72% menos que en 2019 cuando se emitieron 244.

“Las sanciones que impone la Comisaría Ambiental Municipal están señaladas en la ley y pueden ser pecuniarias o administrativas, tales como clausuras temporales, cierres definitivos o revocatorias de autorizaciones administrativas”, dice Paulina Andrade, subdirectora del Ambiente.

El método que se aplica incluye la verificación del hecho denunciado. En caso de que los informes técnicos verifiquen que existen incumplimientos de la normativa ambiental, se notifica a las partes involucradas.

52 casos de delitos contra la flora y fauna han sido resueltos desde el 2019 hasta el 2020, pero se presentaron 161 denuncias en el mismo periodo

El problema está cuando los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se quedan sin margen de acción. “Si la denuncia no es de competencia municipal, tras la verificación in situ, se remite a la autoridad ambiental correspondiente (Ministerio del Ambiente y Agua, MAA) para que proceda conforme a la Ley”, afirma Andrade.

Pero si es de competencia municipal, pues se inicia un expediente administrativo. En caso de resolverse en contra “se imponen sanciones monetarias y administrativas tales como el cierre definitivo de la actividad, decomiso de las especies de vida silvestre, nativas, exóticas o invasoras; también, herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados”, asegura la funcionaria.

Entre las sanciones se incluye también la suspensión temporal de la actividad o del aval oficial de actuación, revocatoria de la autorización, terminación del contrato, pérdida de incentivos y desalojo de personas del área donde se está cometiendo la infracción.

El Código Orgánico del Ambiente y el Código Orgánico Administrativo indica que las comisarías ambientales municipales tienen la potestad de disponer la suspensión temporal de las actividades en los casos de riesgo, certidumbre o hecho flagrante o no, de un daño o impacto ambiental, con la finalidad de prevenir y evitar estas situaciones.

Hay casos que no pueden ir más allá, como cuando hay contaminación puntual del río Guayas derivada de alguna actividad específica realizada en sus orillas. “El Municipio de Guayaquil actúa en el marco de sus competencias, las cuales son delegadas por el Ministerio del Ambiente, la máxima autoridad nacional”, afirma.

La actuación depende de la actividad desarrollada y la ubicación geográfica del hecho contaminante, ya que hay competencias exclusivas de la autoridad ambiental nacional.

Incluso, si hay la presunción de un delito ambiental con implicaciones penales, el Municipio de Guayaquil lo denuncia ante la Fiscalía, con los documentos necesarios para el trámite, según la funcionaria.

La tala y poda antitécnica de árboles en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Guayaquil es uno de los hechos remitidos. “En este caso, la Facultad procedió a talar tres especímenes de árboles y a podar un espécimen. Mediante informe técnico se remitió a la Alcaldía para que sea notificado a Fiscalía”, indica.

Además, se denunció la mancha de aceite en el río Daule ocurrida en junio del 2016 por parte de una empresa y que implicó la suspensión del tratamiento del agua que se capta de ese afluente para abastecer a la ciudad de Guayaquil.

El MAA informa a este Diario que en la inspección de campo para verificar lo denunciado se trabaja con otras instituciones como la Policía Nacional, Alcaldías, Agencias de Regulación y Control, entre otras.

Cada actividad tiene un plan de manejo ambiental aprobado previamente por el MAA.

Primero se da el tiempo para aplicar medidas correctivas y de mitigación.

La entidad informa que entre el 2019 y el 2020 ha identificado incumplimientos ambientales “en actividades de minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, agroindustria y otras que han causado un impacto significativo a los componentes físicos del suelo, agua, aire, flora y fauna por lo que esto ha sustanciado el inicio de más de 360 acciones administrativas (sanciones) a nivel nacional”.

También remite los casos a la Fiscalía. Solo en el 2020 derivó 28 acciones relacionadas con posibles delitos contra el ambiente y la naturaleza, de las cuales 8 corresponden al delito contra la fauna y flora silvestre ocurridos en Galápagos. (I)