En Cuenca, ciudadanos decidieron también sobre explotación minera

Actualizado a las 08:30 del lunes 8 de febrero

La jornada electoral en Azuay se desarrolló sin mayores inconvenientes. Como en otras provincias, la principal novedad fue la aglomeración de votantes por el limitado aforo de los recintos y distanciamiento social entre los ciudadanos.

Al mediodía, las autoridades locales del Consejo Nacional Electoral (CNE) hicieron una primera evaluación, en donde descartaron rumores que se difundieron en diferentes redes sociales durante la mañana. Uno que circuló con fuerza fue que en la parroquia rural Chaucha no llegaron las papeletas de la consulta popular, que se aplicó exclusivamente en el cantón Cuenca.

Teodoro Maldonado, director provincial encargado del CNE, explicó que todo el material llegó sin novedad y no hubo reportes de los delegados políticos o coordinadores de recinto.

La ausencia de algunos integrantes de las Juntas Receptoras del Voto sí se evidenció, debido a que varios fueron diagnosticados con COVID-19. Hasta el pasado jueves se reportaron 21, pero Maldonado consideró que sí se incrementó la cifra entre viernes y sábado, aunque no tenía las estadísticas. Aunque se conformaron las 1.937 Juntas, hubo mesas en las que solo estuvieron tres de los cuatro integrantes.

El intendente de Policía, Jorge Cabrera, contó que la jornada se realizó con bastante tranquilidad y la principal novedad fue la aglomeración afuera de los recintos por la tardía instalación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Hasta las 15:50 de este domingo 7 se reportaron siete personas sancionadas por irrespetar la ley seca y dos locales clausurados.

En tanto, las autoridades tuvieron dificultades para controlar las ventas ambulantes en los exteriores de los recintos. A pesar de los controles de la Policía Municipal, los comerciantes de comida y plastificadores de certificados se agolparon en búsqueda de clientes.

En horas de la mañana, la votación de los candidatos a presidente de la República captó la atención ciudadana. A primera hora lo hizo Ximena Peña, de Alianza PAIS, le siguió Paúl Carrasco, de Podemos, y en la parroquia rural Tarqui lo hizo Yaku Pérez, de Pachakutik. Este último primero llegó a ver a su madre y luego se dirigieron juntos a la Unidad Educativa Fausto Molina.

Sobre consulta popular

En Cuenca, capital azuaya, el proceso fue distinto, puesto que los ciudadanos recibieron una papeleta adicional a las 4 que se repartieron a nivel nacional.

Los cuencanos definieron si quieren o no minería metálica a gran escala cerca de fuentes hídricas, a través de una papeleta conformada por cinco preguntas y un mapa.

El tema no los tomó por sorpresa, porque la campaña a favor del Sí y el No se llevó con intensidad desde el 4 de enero pasado. El proceso transcurrió con normalidad, según David Fajardo, coordinador de Yasunidos Cuenca, colectivo que al final del conteo esperaba tener mayoría para confirmar que el Azuay es un “referente nacional en el cuidado del agua”.

Esto porque en el periodo 2019 en el cantón Girón se aplicó otra consulta de similares características a la de este domingo 7.

Si bien confían en tener una amplia mayoría a su favor, Fajardo estimó que pudieron darse falsos positivos, porque hubo gente que se inclinó por el No pensando en decir “no a la minería metálica”, cuando la pregunta iba en otro sentido.

Esa referencia ecológica que mencionó Fajardo tiene un primer registro a inicios de los años 80 del siglo pasado, cuando la Empresa Municipal de Agua Potable (ETAPA) compró las primeras 3.000 hectáreas del bosque protector de Mazán, recordó el gerente general de esa época Agustín Rengel.

Admitió que para esos años la decisión fue cuestionada y les decían “¿para qué comprar tierras a más de 3.500 metros de altura?”. En aquel tiempo la visión era conservar las cuencas, pero no se hablaba de extracción minera “porque era algo inconcebible”.

Estos terrenos, según contó, se compraron con fondos entregados por el Gobierno nacional, provenientes de una cuenta que costeó los gastos de la Guerra de Paquisha.

Por otra parte, Felipe Cisneros, director del Programa para el Manejo del Agua y del Suelo (Promas) de la Universidad de Cuenca, consideró que la consulta afianza la vocación de los cuencanos de proteger del agua.

La calificó como un “logro” desde la perspectiva de impedir proyectos mineros a gran escala en el futuro, pero otros que ya fueron concesionados desde el Gobierno anterior seguirán en marcha.

Cisneros pidió a las autoridades que piensen en temas extramineros que también afectan la calidad del agua y que a largo plazo podrían generar un daño igual o mayor a la extracción. Se trata, agregó, de la expansión de la frontera agrícola en las zonas de páramo donde técnicos del Promas han detectado potreros ubicados cerca de fuentes de agua.

En lo que coincidieron los dos técnicos es que, luego de la consulta popular, el paso siguiente es reforzar los programas de monitoreo, en especial en los proyectos más grandes como Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco, que están suspendidos por temas legales, pero con la amenaza de ser territorio de minería informal.

En Cuenca hay alrededor de 765 concesiones mineras, la mayoría inscrita en la Agencia de Regulación y Control Minero y otras en trámite.

En la capital del Azuay hubo 435.963 empadronados. La consulta incluyó los ríos Tarqui, Tomebamba, Machángara, Norcay y Yanuncay.

El único antecedente en este tema se dio en marzo de 2019, cuando los habitantes del cantón azuayo Girón fueron consultados sobre la prohibición de actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha).

En esa consulta ganó el No a la minería con el 86,79%. (I)