La Comisión de Justicia sugiere al Pleno allanarse a la objeción del Ejecutivo sobre peculado

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional decidió acoger el texto propuesto por el Ejecutivo en lo relativo a la tipificación del delito de peculado, dentro del informe no vinculante sobre el veto parcial al proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción, enviado por el presidente Lenín Moreno.

El Ejecutivo plantea que los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado; o, los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Además, serán sancionados con la misma pena como responsables de peculado las o los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios de los consejos de administración y vigilancia de estas entidades; que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros privados, efectos que los representen, piezas, títulos, documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.

Se sancionará con pena privativa de libertad de cinco a siete años: si utilizan, en beneficio propio de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial; si se aprovechan económicamente, en beneficio propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación restringida, que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o han ejercido.

Con pena privativa de libertad de siete a diez años: si obtienen o conceden créditos vinculados, relacionados o intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta clase de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera; a los beneficiarios que intervengan en el cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las calidades previstas en el primer párrafo.

Y, con pena privativa de libertad de diez a trece años: si arbitrariamente disponen, se apropian o distraen los fondos, bienes, dineros o efectos privados que los representen; si hubiesen ejecutado dolosamente operaciones que disminuyan el activo o incrementen el pasivo de la entidad; si disponen de cualquier manera el congelamiento o retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones del Sistema Financiero Nacional, causando directamente un perjuicio económico a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o dinero.

También, si causan la quiebra fraudulenta de entidades del Sistema Financiero Nacional; si evaden los procedimientos pertinentes de contratación pública contenidos en la Ley de la materia. En este caso también se impondrá una multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló. Además, cuando se establezca la existencia y responsabilidad por el delito mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, la o el juzgador declarará, como consecuencia accesoria del delito, la terminación unilateral y anticipada del contrato sobre el cual verse la infracción, sin derecho a indemnización ni pago de daño alguno a favor del proveedor.

Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción; cuando se realice con fondos o bienes destinados a programas de salud pública, alimentación, educación, vivienda o de la seguridad social; o, cuando estuvieren relacionados directamente con áreas naturales protegidas, recursos naturales, sectores estratégicos, o defensa nacional.

Los sentenciados por peculado quedarán inhabilitadas o inhabilitados de por vida para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera.

Serán también responsables de peculado los administradores y los miembros del directorio de las empresas públicas, cuando por su acción u omisión los resultados empresariales y financieros anuales de dicha empresa pública estén por debajo de los índices de gestión fijados, especialmente cuando haya reducción de ingresos de más del 10% en comparación con el ejercicio económico anterior, sin justificación alguna de por medio y cuando haya reducción del resultado operacional, o pérdida económica en comparación con el ejercicio económico anterior, en más del 25% sin justificación alguna de por medio, ocasionando de tal forma la reducción, y por ende pérdida de recursos estatales, y cuando tales pérdidas se produjeron en beneficio propio o de terceros.

La acción penal tomará en cuenta la asistencia de expertos nacionales e internacionales para determinar la existencia de factores externos o macro de mercado inherentes a cada sector, que pudiesen haber incidido en reducciones drásticas de ingresos o de impacto financiero, así como para determinar si la asignación de presupuestos y metas empresariales ha sido adecuada, y si en caso de haber existido deficiencias se tomaron las medidas correctivas empresariales pertinentes.

La propuesta inicial del equipo técnico de la mesa de Justicia sugería ratificarse en el texto de la Asamblea; pero, con la nueva votación, el texto que quedaría, salvo criterio contrario del Pleno, es el texto del Ejecutivo. Esto, después de que, varios asambleístas de la Comisión, no estuvieran de acuerdo con la ratificación, al considerar que la redacción del Ejecutivo mejoraba el texto.

Entre los argumentos del Ejecutivo para vetar este artículo sobre peculado estaba que la reforma aprobada por la Asamblea supondría que el tipo básico que, actualmente, tiene una pena de entre diez y trece años no tenga una sanción específica y generaría que muchas conductas reciban penas inferiores de las vigentes, generando un conflicto de normas, por la vigencia de una norma más favorable al reo o, en su defecto, la exclusión de algunas conductas.

La Comisión aprobó el informe no vinculante, con la insistencia del asambleísta Héctor Muñoz (SUMA) de que tampoco está de acuerdo con la ratificación en el texto que sostiene que la Contraloría deberá determinar el sobreprecio, cuando eso, al convertirse en un tipo penal, es labor de la Fiscalía y podría generar inseguridad jurídica.

La Asamblea Nacional tiene hasta el 14 de febrero para evacuar la objeción parcial del Ejecutivo. (I)