Tras la aprobación del pedido de Elizabeth Cabezas (exAP) para reconsiderar la votación del 14 de enero, este domingo 17 de enero, el Pleno de la Asamblea negó, por segunda ocasión, la enmienda constitucional al artículo 120 para que el Legislativo vuelva a designar a autoridades de trece organismos de control y justicia, quitándole esta atribución al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Cabezas basó su pedido de reconsideración en que la Asamblea, con 137 legisladores, tiene más representación que el Cpccs con siete representantes. Además, dijo que le causó sorpresa las inconsistencias en las votaciones, al referirse a las votaciones de la tarde y noche del 14 de enero.

Sin embargo, al momento de votar por la enmienda, nuevamente, no se alcanzó los 91 votos necesarios. Fueron 80 votos a favor, 33 en contra y 8 abstenciones. El 14 de enero, el Pleno de la Asamblea se quedó a seis votos de los 91 para realizar esta enmienda, esta segunda ocasión faltaron once.

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Las enmiendas propuestas en el informe para segundo debate de la Comisión Ocasional de Enmiendas disponían que, con el voto de 91 asambleístas (mayoría absoluta), el Pleno de la Asamblea designe a: la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado; de las superintendencias de Bancos, Compañías, Economía Popular y Solidaria, Poder del Mercado, y Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, de entre las ternas propuestas por la Presidencia de la República.

Además, que la Asamblea designe a los miembros del Consejo de la Judicatura de ternas propuestas por la o el Presidente de la República, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, la Función de Transparencia y Control Social, la o el Defensor Público y el Fiscal General del Estado, especificando que el Consejo deberá ser presidido por el representante de la Corte Nacional de Justicia, y bajando de nueve a cinco el número de integrantes.

También, establecía que la Asamblea designe a las primeras autoridades de: la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado; y, a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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Este último bloque de autoridades serían designados a partir de una lista de diez candidatos seleccionados a través de un proceso público de oposición, méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana por parte de comisiones técnicas, presididas por el delegado de la Función Legislativa con voto dirimente y conformadas por delegados de cada función del Estado; igual número de ciudadanos elegidos por el Cpccs; y, tres delegados de la academia.

Al final del tratamiento de este punto, el presidente de la Asamblea encargado, César Solórzano señaló que se ha cumplido con todo lo que establece la ley y que cada asambleísta es responsable de sus decisiones. (I)