Augusto de la Torre, execonomista jefe del Banco Mundial y actual miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno, comenta cuál será la ruta del Gobierno en los últimos meses de administración y cuáles serían los desafíos para el nuevo, que se elegirá en febrero. Para el experto, hay desafíos en tres sectores de manera simultánea y que no se pueden descuidar: el déficit, las reformas de seguridad social, tributaria y laboral y, finalmente, la lucha contra la inequidad que de seguro se agudizará por el COVID-19.

¿Cuál es la necesidad de financiamiento para 2021 y cómo pretende el Gobierno llenar ese hueco si este año no contaremos con tanto financiamiento de multilaterales como en 2020?

En la primera revisión del programa con el FMI se establece que en 2020 el déficit era de $ 7.324 millones, y este debe bajar en 2021 a $ 2.813 millones, es decir, una reducción de $ 5.000 millones. Esta reducción tiene varias razones, por un lado que la economía se reactiva, el precio del crudo, menos gastos por pandemia. Pero sí hay una parte de la reducción que depende de decisiones de política pública explícitas, sobre dónde hacer recortes. El FMI tiene unos supuestos, pero le deja al Gobierno que decida. Así, lo que debe hacer el nuevo Gobierno es aceptar el plan o renegociarlo. Podría haber ciertos cambios, tal vez metas menos fuertes de reducción.

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Pero con la reducción no será suficiente y tendría que seguirse endeudando, ¿con quién se podría hacer esto?

A este Gobierno y al próximo les toca seguirse endeudando. Aunque bajemos el déficit no hay suficientes recursos. En 2020 las necesidades de financiamiento eran de $ 13.976 millones, y para 2021 bajan a $ 7.650 millones. Esas necesidades son la suma del déficit y de las amortizaciones. Las amortizaciones de deuda del 2021 llegan a $ 4.838 millones.

¿Esto a pesar de que hicimos la renegociación?

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No hay que asustarse. De los $ 4.838 millones, la mayor parte son bonos domésticos y cetes ($ 3.074 millones) que normalmente el Gobierno los renueva. Lo más duro es la reducción del déficit a $ 2.800 millones, cantidad que, dependiendo de quién gane, en vez de bajar, podría incluso incrementarse.

El Gobierno buscaba unos créditos con China, pero tras el acuerdo con DFC, se ha dicho que es un modelo para sacar a China de la región. ¿Cómo quedan los planes de endeudamiento?

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Hay que esperar a conocer mejor los detalles. Una cosa es la manera como EE. UU. puede ver el acuerdo y otra cómo Ecuador debe entenderlo. Tal vez los norteamericanos tienen en su agenda ese tipo de políticas, pero nosotros no tenemos vela en ese entierro. Debemos pedir al Gobierno que haga público el acuerdo para entenderlo. Como es un acuerdo marco la implementación no es fácil ni inmediata. Es importante preguntarse cuánta libertad va a tener Ecuador para utilizar ese dinero y para decidir qué deuda cara va a ir pagando.

Los dineros están atados a los proyectos de monetización, por ejemplo, refinería de Esmeraldas, Termogás Machala, campo Sacha, antenas de CNT. La duda es si este Gobierno debe hacerlo o dejarle al siguiente decidir. ¿Qué opina?

Estoy seguro de que en el mejor de los casos se podría materializar parte de esos desembolsos en este Gobierno, pero la otra instrumentalización, definir cómo se vincula a las monetizaciones, cómo se recompone la deuda, por razones pragmáticas tendrá que hacerlo el nuevo Gobierno.

¿Cómo marcha el tema de los diálogos para la reforma tributaria, laboral y social? No se conoce nada de ello…

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Se han formado grupos de trabajo integrados por expertos independientes nacionales e internacionales con la misión de producir información que pueda facilitar el debate. Por ejemplo, yo soy parte de un grupo de expertos que a petición del presidente Moreno está trabajando en un documento de diagnóstico sobre las pensiones del IESS. En el tema de Seguridad Social han participado expertos nacionales e internacionales e inclusive se ha contado con una ayuda del Banco Mundial. Se ha avanzado en el documento que se espera se vuelva público en las siguientes semanas para el debate.

Otro desafío es el tema de cómo equilibrar las medidas de bioseguridad por la pandemia y la reactivación económica. ¿Qué hacer?

La palabra que has usado es la palabra correcta: lograr un equilibrio razonable. Si le damos mayor peso a la actividad económica, hay más contagios y toca cerrar todo de nuevo. Si estamos muy cerrados, no hay empleo. Hay que tratar de hacer las dos cosas, siguiendo protocolos. Hay que ir avanzando con la vacuna y los planes del Gobierno para que la vacunación sea ágil. Por ejemplo, tener la capacidad de vacunar a un millón de personas cada tres semanas. En esto será clave la capacidad logística.

Usted hablaba de un tercer desafío sobre combatir la inequidad y la pobreza que dejará el COVID. ¿Cómo hacerlo?

Hay que asegurarse de que el sistema de transferencias (bono de desarrollo) esté bien focalizado y llegue a quienes lo necesitan y que al mismo tiempo los servicios básicos, educación y salud, lleguen de manera efectiva. Además, que el sistema de seguridad social tenga pensiones justas y sostenibles. En el tema tributario debe haber un sistema progresivo. Prefiero no gravar a las empresas, sino los ingresos de las personas. Las empresas invierten y generan empleo, y el impuesto a la renta corporativa es lo que ven los inversionistas para escoger a qué país ir a invertir.