El movimiento político Justicia Social pide la destitución, multa y pérdida de los derechos políticos de cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La agrupación política presentó el martes 15 de diciembre, una denuncia en contra de los cuatro vocales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por no cumplir con la sentencia del 8 de diciembre, que ordenó se habiliten los plazos para que realicen sus procesos de democracia y elijan candidatos para todas las dignidades.

El director del movimiento, Jimmy Salazar señaló a los consejeros José Cabrera, Diana Atamaint, Enrique Pita y Luis Verdesoto de haber incurrido en una infracción grave, estipulado en el numeral 2, artículo 279 del Código de la Democracia relacionado con incumplir las sentencias del TCE.

Las sanciones solicitadas son la imposición de una multa de 70 salarios básicos, destitución y suspensión de los derechos políticos por cuatro años.

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La causa deberá ser sorteada y admitida a trámite por uno de los cinco jueces electorales.

El pedido se da, luego de que el CNE resolvió el 14 de diciembre con los votos de los cuatro consejeros, y la abstención de Esthela Acero, que las medidas de reparación integral ordenadas por el Tribunal no "pueden vulnerar el principio de preclusión, con base en los plazos y términos consagrados en la Constitución", relacionado con la democracia interna, aceptación de candidaturas e inscripción de candidatos.

Pidió al TCE revocar el auto del 8 de diciembre, porque constituye en una "intromisión en las competencias exclusivas" del CNE, y que se abstenga de realizar actos que interfieran en sus competencias.

Y se resolvió presentar una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional (CC).

El juez Arturo Cabrera de su parte, resolvió emitir un auto la noche del martes, para que el pleno del órgano judicial electoral adopte las decisiones que estimen pertinentes en lo electoral y penal, por inobservar las disposiciones contenidas en la sentencia expedida por autoridad competente, ya que "nada resuelve sobre el cumplimiento de la causa y resulta inútil esperar se cumpla el plazo" de diez para revisar el cumplimiento de su sentencia del 8 de diciembre.

Por su parte, la Corte Constitucional emitió un comunicado este 16 de diciembre, en el que señala que hasta el momento, no ha ingresado una demanda de conflicto de competencias a su seno, pero que de ingresar, la resolverán con "independencia, imparcialidad, y en estricto apego a la Constitución". (I)