Petroecuador declaró el estado de emergencia en la contratación de seguros petroleros para poder contratar la póliza de seguros de protección contra todo riesgo petrolero. Esto, a menos de una semana de que termine la vigencia de la actual póliza, a cargo de la aseguradora de propiedad estatal Seguros Sucre.

La declaratoria de emergencia se tomó el pasado 1 de diciembre, inmediatamente después de haber declarado desierto el concurso que se había llevado adelante desde septiembre anterior.

Todo apunta a que Hispana de Seguros, la empresa que ya había sido adjudicada, obtendrá el contrato.

Sin embargo, el tema genera alertas pues Hispana, en primera instancia, presentó la oferta más cara. Las ofertas originales eran: Latina Seguros, $ 51,4 millones; Seguros Sucre, $ 53,4 millones; e Hispana con $ 54,8 millones. Luego de la revisión de la Comisión Técnica, que ha sido muy criticada, Sucre quedó con $ 61,7 millones, Latina con $ 59,6 millones e Hispana con $ 54,8 millones.

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Este cambio en los valores fue impugnado por las empresas perdedoras. Latina logró que un juez le diera la razón y que se obligara a Petroecuador a revertir el proceso y cambiar la Comisión Técnica.

Sobre el tema, Henry Llanes, experto petrolero, dijo que Petroecuador, que tuvo la intención de salir de las renovaciones de Seguros Sucre, lamentablemente termina cayendo en otro proceso que “claramente demuestra un sobreprecio”, y revela enormes intereses por beneficiar a Hispana de Seguros.

Como una supuesta muestra de ese favoritismo para Hispana, ayer se conoció un comunicado enviado por Petroecuador a Mark Ritson, director de AFL Insurance (mercado de reaseguros).

La estatal pidió que se mantengan los apoyos del mercado a Hispana de Seguros. En la comunicación se indica que Petroecuador no volverá a realizar una extensión de la póliza con Sucre, esto debido a que es una empresa que adeuda $ 32 millones a la petrolera.

En la carta argumentó que el proceso que fue declarado desierto fue llevado de acuerdo a la ley y sus reglamentos.

Explicó que el problema se generó cuando por una orden judicial “impertinente y distante de la materia de contratación pública” se ha obstaculizado el proceso.

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En este sentido, decía que para salvaguardar los activos que perderán la póliza de aseguramiento vigente el 7 de diciembre, se ha resuelto optar por la vía de la emergencia.

En la carta, Petroecuador también asegura que no se procederá a dar la extensión a Sucre, por estar inhabilitada, al ser empresa deudora de Petroecuador, y se indica que tampoco se dará paso al respaldo del reaseguro BMS Group, “que conocemos ha pretendido entorpecer el reaseguramiento de los activos de Petroecuador desde el pasado 12 de noviembre, cuando se le adjudicó a Hispana”, dijo.

La carta indica textualmente: “Agradecemos hacer llegar este comunicado en nuestro nombre al mercado internacional de reaseguros y solicitamos por su intermedio que los respaldos de reaseguros se mantengan a favor de la compañía adjudicataria con la finalidad de precautelar los intereses de Petroecuador y la contratación de las nuevas pólizas de seguros con vigencia de 730 días a partir del 7 de diciembre”.

Para Llanes, en este punto hubiese sido preferible volver a contratar a Sucre, porque en última instancia ese dinero de la contratación quedaría en el propio Estado, antes que se vaya a una empresa privada.

Según el experto Miguel Robalino, lo que está sucediendo es una consecuencia de los malos manejos administrativos de la empresa estatal al no tener balances al día ni inventarios valorados.

Dijo que aún quedan muchas dudas sobre cuánto irá a subir la póliza una vez que se fusionen Petroecuador y Petroamazonas, ya que ese proceso está a 30 días de cumplirse. (I)