Este jueves el Estado ecuatoriano negó cualquier responsabilidad en la desaparición en el año 2004 de Luis Eduardo Guachalá Chimbó, quien era un paciente del hospital psiquiátrico Julio Endara, ubicado en Quito.

Lo hizo ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el segundo y último día de la audiencia virtual del caso, según informa el diario La Vanguardia.

Mientras que los representantes de la víctima indicaron que hubo una desaparición forzosa y un caso de negligencia.

Según el Estado, representado por María Fernanda Álvarez, Guachalá salió por su cuenta del hospital. Además de que ya se han hecho múltiples diligencias de investigación que siguen vigentes. Añadiendo que no hubo una desaparición forzada ni privación arbitraria de la libertad.

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"El consentimiento informado admite excepciones. Una de estas es por casos de emergencia médica con la finalidad de estabilizar el paciente y que recupere su autonomía", dijo Álvarez, quien agregó que Guachalá fue recibido en el hospital a pedido de su madre, Zoila Chimbó, en un caso de emergencia.

En tanto, Pamela Chiriboga, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos de Ecuador, dijo en favor de la familia del desaparecido que los elementos del caso son suficiente para que sea considerada una desaparición forzada, puesto que el paciente estaba bajo custodia y se negó información a la familia.

La abogada dijo que por ello solicitaban medidas de reparación, una investigación para conocer la verdad y encontrar a los culpables. "Conocer el paradero de las víctimas es un acto de justicia, solicitamos la búsqueda certera de Luis Eduardo o de sus restos mortales", apuntó Chiriboga.

De acuerdo con lo dicho por la familia, el hospital psiquiátrico nunca le avisó sobre la salida de Guachalá, sino que su madre se enteró que ya no estaba en el lugar un día después, cuando fue a visitarlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargada de presentar los casos ante la Corte IDH, rechazó el argumento del Estado ecuatoriano y considera que en este caso sí hubo violaciones a varios derechos.

Antonia Urrejola, vicepresidenta de la CIDH, dice que el estado privó arbitrariamente la libertad del paciente, y hubo una ausencia de consentimiento, por lo que ve una violación al derecho a la salud y discriminación por la condición discapacidad mental de Guachalá.

Para Urrejola esta es una oportunidad para que Chimbó y su hijo puedan tener justicia y una reparación.

Ahora la Corte IDH dará un mes para que las partes envíen sus alegatos finales de forma escrita, para luego emitir una sentencia. (I)