Por tercera ocasión y bajo prevenciones legales, la Fiscalía dispuso se presenten a rendir versión, el 26 de octubre próximo, los líderes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas, quienes son investigados de forma previa por el delito de secuestro, hecho ocurrido durante las protestas de octubre de 2019 al interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), al norte de Quito.

Al momento de las protestas sociales de octubre del año pasado, Jaime Vargas era el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) e Iza era el presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi (MICC). Ambos eran parte de la cúpula indígena que estuvo al frente de la movilización de personas pertenecientes a comunidades de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas que llegaron a la capital a protestar por las medidas económicas adoptadas en ese momento por el Gobierno de Lenín Moreno.

El secuestro que se investigaría se habría dado cuando varios dirigentes indígenas convocaron a una rueda de prensa e instantes después retuvieron a policías y periodistas al interior de la CCE.

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Vargas es convocado a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción número 2, ubicada en la avenida Juana León Mera y Patria, norte de Quito, a las 10:00; mientras que Leonidas Iza debe asistir a esa misma instancia de la Fiscalía a las 14:30. Los dos dirigentes deberán asistir acompañados de sus abogados defensores.

Para ambos casos, la Fiscalía advierte en su impulso que en el caso de no comparecer ambos en la fecha y hora indicados, "se los podrá hacer comparecer por intermedio de la Fuerza Pública, de conformidad con el artículo 444, inciso final del numeral 14 del Código Orgánico Integral Penal (Coip)".

El lunes último, Vargas e Iza participaron de una marcha en Quito que terminó en enfrentamientos con la Policía. Varios de los manifestantes lanzaron pintura sobre el monumento a Isabel La Católica, ubicado en la intersección de la avenida 12 de Octubre y calle Madrid, e instantes después con sogas intentaron retirar el monumento en acto de protesta a los más de 500 años de la conquista española. Ese hecho provocó una respuesta policial con gases lacrimógenos.

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Por estos hechos, el martes último se presentaron en la Fiscalía dos denuncias por los delitos de odio y por destrucción de bienes del patrimonio cultural. ambas firmadas por Andrés Castillo Maldonado. Desde el Municipio de Quito también se informó que por los daños causados en bienes de la ciudad se interpuso una denuncia para que investigue en Fiscalía.

Iza ha explicado que si no avanzan los procesos en la justicia nacional es porque "los impusieron como una cuestión política". Según él, el país entero sabe que el levantamiento de octubre fue a partir de una necesidad económica y social; y que los niveles de violencia a los que se llegó fue por la imposición del Gobierno.

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"Todo lo que se ha ido viendo intentaron aplacar con algunos procesos judiciales, aperturando casos contra los dirigentes. (...) Si la justicia tiene una independencia no puede ser manejada políticamente, sino garantizar realmente hagan una valoración objetiva y en esa valoración objetiva los responsables para la muerte de nuestros compañeros, para que se hayan generado los niveles de violencias y que la gente se haya defendido es absoluta responsabilidad del Gobierno", indicó Iza.

El presidente del MICC insiste en que durante los días de protestas habían muchos actores que decían que a los protestantes había que darles palo y si es que no hacían caso con palo hay que darles plomo y contra esas personas no hay ningún proceso. Además mostró preocupación porque tampoco han avanzado las investigaciones para determinar en qué circunstancias fallecieron y fueron heridos varias personas, entre ellos indígenas, durante los días de protesta. (I)