Con 124 votos, la Asamblea Nacional censuró y destituyó del cargo al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, por comprobarse que incumplió sus funciones al aprobar unilateralmente reglamentos que le correspondían al pleno del consejo, y además los legisladores determinaron que obtuvo de manera fraudulenta un carné de discapacidad con el que se benefició.

El proceso de juicio inició a las 13:32, y al mismo tiempo en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha se desarrollaba la audiencia sobre el pedido de medidas cautelares en contra de la Asamblea Nacional, planteado por el acusado. La jueza negó las medidas en razón de que no se justificó la gravedad e inminencia de amenaza de vulnerar un derecho.

La censura aprobada este 13 de octubre, provoca la inmediata destitución del funcionario. El legislador socialcristiano, Henry Kronfle, planteó la moción de censura y destitución señalando que Christian Cruz Larrea, por la falta de ética y moral, principios y valores, por la falta de probidad notoria, debe ser censurado; y por la ilegalidad, el incumplimiento y arrogación de funciones, debe ser destituido. Todo esto y por más cosas que aparecieron en el proceso, el expediente debe ser enviado a las instituciones pertinentes, para que sigan los procesos en la justicia ordinaria.

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Tras 9 horas de trámite y debates, la @AsambleaEcuador cierra el debate y el asambleísta @HenryKronfleK mociona la censura y destitución del presidente del @CPCCS @ChristianCruzLa por incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo. Vía @vicenteopi pic.twitter.com/xNTqZbqwyy

El presidente del Cpccs, Christian Cruz, en su exposición ante el pleno señaló: “soy un hombre honesto que ha luchado por la transparencia”; y que las acusaciones de Henry Kronfle (PSC), son falsas; que una obtención irregular del carné de discapacidad hace once años y la supuesta presentación de documentos falsos de un concurso que ocurrió hace nueve años, y no en el ejercicio de sus funciones, no es motivo de un juicio político.

Que hubo tres violaciones al debido proceso: falta de juez competente; incumplimiento de requisitos de firmas; e inobservancia del procedimiento.

En torno al carné de discapacidad auditiva y visual que combinadas dan el 81 %, dijo que es legal y que fue entregado por el Conadis, y que la denuncia de una supuesta irregularidad fue desestimada por el fiscal Patricio Navarrete.

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Que la licencia de conducir la obtuvo en 1994, antes de su afectación, y que en el 2016 la renovó y que para ello tuvo que ponerse lentes, pero que no usa audífonos porque le duele la cabeza.

En torno a la acusación de la arrogación de funciones, el acusado indicó que carece de verdad, y que no es causal de un juicio político, que no está contemplado en el ordenamiento jurídico, esto en referencia a la emisión de un reglamento para regular el mantenimiento del parque automotor del Consejo; la fijación y cobro de viáticos para funcionarios. Dijo que es competente para emitir los reglamentos administrativos internos.

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En la réplica, Cruz afirmó que lastimosamente que en esta época de pandemia a como dé lugar quieren encontrar culpables de donde no hay figura jurídica ni sustento alguno.

Recordó a los asambleístas que “estamos en una época de extinción donde deberíamos estar unidos, solidarios diciendo la verdad y no encontrando responsables de cosas inexistentes”.

“Entendamos que la vida es corta, que somos transitorios y pasajeros; hoy estamos aquí y seguramente el día de mañana estaremos del lado contrario”, anotó en su defensa.

Debate de los asambleístas

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El interpelante Henry Kronfle, ratificó las acusaciones en contra de Cruz y rechazó las amenazas realizadas a los legisladores, y aseguró que el carné de discapacidad obtenido en el 2009, fue presentado en el concurso de oposición y méritos de 2009 para integrar el Cpccs, del cual se benefició con dos puntos.

Que en el año 2011, renovó la licencia de conducir tipo E con exámenes psicosensométricos que no reflejan que exista una discapacidad, y que para ese proceso no presentó su carné que señala que posee una discapacidad del 81%.

Además, aseguró que la Agenda Nacional de Tránsito, ANETA y la Fundación Vista Para Todos, que comparecieron a la Comisión de Fiscalización manifestaron que de los expedientes que reposan en cada institución no reflejan que exista una discapacidad del 81% visual y auditiva.

En torno a la arrogación de funciones, Kronfle, dijo que el presidente del Cpccs, emitió dos reglamentos en menos de un año, y que luego de 55 días de emitido lo declaró nulos porque esta atribución le correspondía al pleno; y que una arrogación de funciones constituye falta grave y por lo tanto, son causal de destitución del funcionario público.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, aclaró que la censura y destitución es por la arrogación de funciones cometida en octubre de 2019, al expedir los reglamentos cuando esa es una atribución exclusiva del pleno del consejo. Incumplió sus funciones pues no observó el artículo 38 de la Ley Orgánica del Cpccs, que se refiere a las atribuciones del Consejo.

Que el haber sido descalificado de participar en el concurso para integrar el Cpccs, en el 2009, por presentar documentos falsos; que la obtención irregular del carné de discapacidad y más aún que no solicitó de manera oportuna una recalificación; así como la obtención de una licencia tipo E, teniendo una discapacidad visual y auditiva del 81%, no son causales para el juicio, pero sí constituyen una causal de una censura moral.

José Serrano (AP), cuestionó que Cruz, haya demostrado una actitud inmoral al afirmar que no puede ser juzgado por el carné de discapacidad fraudulento porque no fue obtenido en el ejercicio de sus funciones. Que su presentación fue confusa y que pretendió sobre la base de la intimidación de los asambleístas justificar sus faltas gravísimas, que no pueden ser pasadas por alto por el pleno de la Asamblea.

Marcelo Simbaña (CREO) comentó que Christian Cruz cometió varias acciones reñidas con la ética, pues obtiene el carné de discapacidad, se beneficia de exoneraciones de tributos, pero lo oculta para obtener la licencia de conducir tipo E; y que tampoco es ético amenazar a 137 legisladores con llevar su caso a la CIDH. Que el incumplimiento de funciones se comprueba cuando arrogó funciones al emitir reglamentos sin la autorización del Consejo.

El socialcristiano, Dennis Marín, comentó que el funcionario nos solo engañó a varios organismos al obtener un carné de discapacidad de manera fraudulenta, sino también presentó documentos falsos para participar como miembro del Cpccs; en definitiva el señor Christian Cruz, mintió a la ciudadanía. (I)