A un año de las protestas de octubre, 669 casos siguen en etapa de investigación previa

A días de cumplirse un año de que fue detenido en Quito Jorge Calderón, presidente de la Federación de Taxis del Ecuador, por el delito de paralización de un servicio público, ya que se lo acusaba de ser uno de los dirigentes que impulsaron el bloqueo de vías y la paralización del servicio durante las protestas de octubre de 2019, él, junto con el también dirigente del transporte procesado en esta causa Abel Gómez, llegó el miércoles último a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

La audiencia se encuentra al momento suspendida, pues la jueza del caso en Pichincha, Ana Lucía Cevallos, evalúa si existen vicios de nulidad que afecten la validez de lo actuado hasta el momento.

El caso de Calderón y Gómez es uno de los 819 que se abrieron en la Fiscalía a nivel nacional, ya sea por una denuncia o de oficio, por algún tipo de delito penal que ocurrió entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, durante las protestas sociales contra el Decreto 883 con el que el gobierno de Lenín Moreno pretendía eliminar los subsidios al diésel y a las gasolinas extra y ecopaís.

Para dar seguimiento a estos hechos, se conformó un equipo integrado por fiscales de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana y la Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La Fiscalía buscaba dar respuesta a denuncias a posibles delitos por graves violaciones a los derechos humanos, delitos contra el derecho internacional humanitario y delitos contra la seguridad pública.

Casi un año después, en la Fiscalía existencia abiertos expedientes por al menos 29 delitos: daño a bien ajeno (270 casos), paralización de un servicio público (208), ataque o resistencia (113), sabotaje (44), secuestro ( 35), robo (29), extralimitación en la ejecución de un acto de servicio (19), terrorismo (16), instigación (12), incitación a la discordia entre ciudadanos (10)...

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Yofre Poma ha sido uno de los sentenciados en una de las 63 causas que en este tiempo han llegado a etapa de juicio. En noviembre pasado recibió una pena de un año y cuatro meses como cómplice del delito de paralización de un servicio público en Lago Agrio, Sucumbíos. Él aseguró que su caso era político, aplicó a la suspensión condicional de la pena y está a la espera de que la justicia responda a su pedido de casación de la sentencia.

Junto con Poma fueron condenadas otras ocho personas que, según Fiscalía, participaron en el ingreso violento a las instalaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) y obligaron a dos técnicos a paralizar el paso de crudo. A decir de la EP Petroecuador, la paralización de más de dos horas produjo una pérdida al país de $ 1,7 millones.

La denuncia por el delito de terrorismo que interpuso el exvicepresidente de la República Alberto Dahik contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, no ha pasado de la investigación previa. En esta fase preprocesal se encuentran el 81,6 % (669) del total de casos abiertos para investigación (819).

Dahik dice no entender cómo ha sucedido esto, cuando lo que hizo el dirigente indígena, a su decir, fue llamar a la insurrección de las Fuerzas Armadas, pidió que se tomaran las instalaciones petroleras, en las que se causaron pérdidas millonarias, y generó el ambiente para que se dé el posterior incendio de la Contraloría, entre otros hechos

"Aquí el planeta entero vio lo que el señor (Jaime) Vargas hizo y lo que pasó después. Es lastimoso ver que hay esta impunidad con algo tan bárbaro como fue la destrucción que hubo en Quito y la zozobra en el país", apuntó un Dahik que cree que algo como lo de octubre de 2019 podría suceder nuevamente, ya que es un estimulante, para cualquiera que crea en el caos y la incivilidad, el saber que ha habido toda esta impunidad.

En el caso por el ingreso violento a la Contraloría que terminó en el incendio de la mayor parte del edificio principal, en marzo pasado, la jueza de Pichincha Ana Guerrón declaró la nulidad parcial del expediente en la fase de instrucción fiscal, para que se practique un peritaje sociológico y antropológico de los 28 procesados, porque en su mayoría son indígenas.

Según Ernesto Pazmiño, abogado de los procesados Lenín Y., Segundo P. y Danny F., ya ha concluido el plazo para la finalización de la fase de instrucción y la Fiscalía ni siquiera les ha comunicado con la pericia antropológica y tampoco ha dispuesto el cierre de la instrucción. En esta causa todos son acusados de los delitos de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros.

"Esta 'despreocupación' se produce porque la Fiscalía no tiene ninguna evidencia de que se cometió el delito que acusó y, mucho menos, de que los 28 procesados son responsables. Las evidencias demuestran que el incendio se produjo desde las 14:30 y los procesados fueron detenidos a las 11:30. La conclusión lógica es que ellos no provocaron ese incendio", aseguró Pazmiño.

A finales de agosto último, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el secretario de la RC, Virgilio Hernández; y el integrante de la RC Christian González fueron llamados a juicio por el delito de rebelión.

Fiscalía los acusó por la rebelión del inciso primero del artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal, que refiere a la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución o el derrocamiento del Gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia. Esta rebelión es uno de los dos casos por este delito que se abrieron durante las jornadas de protestas de octubre.

Hernández dice que desde el Gobierno se les acusó de que para octubre existió un plan generado por Rafael Correa, Nicolás Maduro y ellos, de haber contratado 200 llaneros para generar incidentes en Quito o de haber contratado delincuentes que provocaron daños y ocasionaron violencia. Para él, nada de eso se ha probado y, más bien, le parece curioso que nadie hable de esas acusaciones hoy.

En mayo pasado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señalaba que hay varias cosas que demuestran que tras lo ocurrido en octubre estuvo un movimiento político. Por ejemplo, según ella, un acto que revela el reconocimiento de una culpa es el que un grupo de legisladores haya buscado ingresar en una embajada para luego salir del país.

Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, al ser uno de los dirigentes que lideraron a los indígenas que llegaron a la capital es investigado por secuestro e instigación al sabotaje. No conoce cómo avanzan jurídicamente los casos, pero sabe que de la etapa de investigación previa no han pasado y que él u otros líderes indígenas son inocentes de lo que se les acusa.

"Si no avanzan (los procesos) es porque los impusieron como una cuestión política, porque saben que el levantamiento de octubre fue a partir de una necesidad económica y social. (...) Los niveles de violencia que llegó fue por la imposición del Gobierno y había muchos actores que decían hay que darles palo y si es que no hacen caso con palo hay que darles plomo. No hay ningún proceso en ese sentido", indicó Iza, quien mostró preocupación porque tampoco han avanzado las investigaciones para determinar en qué circunstancias fallecieron y fueron heridos varios indígenas durante los días de protesta. (I)

Estos son los casos abiertos por la Fiscalía por las protestas de octubre del 2019

Por los hechos ocruridos del 3 al 13 de octubre del 2019 la Fiscalía abrió 819 casos, y estos según la etapa procesal en la que se encuentran:

• 669 en investigación previa 669
• 18 en instrucción fiscal 18
• 69 en preparatoria de juicio
• 63 en juicio

En los 819 casos abiertos están procesadas 277 personas. Y corresponden a 17 provincias donde se registraron manifestaciones.

La mayoría son de Guayas, donde se reportan 71 procesados. Le sigue Pichincha, con 68 procesados. Loja con 20 y Los Ríos con 19. (I)