Al menos $20 millones debieron invertir las empresas petroleras Petroecuador y OCP, entre el 15 de abril y el 15 de septiembre, en la remediación de las riberas de los ríos Coca, Quijos y Napo, luego de la rotura de los oleoductos registrada del 7 de abril pasado, y que generó un derrame de 15 032 barriles de crudo y derivados en total, afectando a 108 comunidades. Del total derramado, 7410 barriles fueron de Petroecuador, 6850 barriles fueron de OCP y 762 barriles de derivados del poliducto.

La remediación ha avanzado al 100 % en la etapa de verificación, que consiste en realizar las tomas de muestras para poder establecer si existe o no contaminación, luego de haber hecho la contención y limpieza, explicó Andrés Mendizábal, presidente ejecutivo de OCP. Sin embargo, aún falta la fase de aprobación por parte del Ministerio del Ambiente, que se espera pueda terminar en octubre próximo.

Mendizábal compareció, de manera virtual, ante el seno de la Comisión de Biodiversidad, presidida por Alberto Zambrano (AP).

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El alto ejecutivo petrolero dijo que en total se remediaron 363 kilómetros de riberas y 218 hectáreas de terrenos. Explicó que se identificaron 175 puntos para ser atendidos, pero hay 14 (zona norte) ubicados en un sitio muy peligroso que puede poner en riesgo al personal si accediera, por lo que les han denominado de “atenuación natural”.

Durante el proceso de remediación se ha llegado a contratar hasta un pico de 1200 personas de la localidad. El 80 % de las plazas fue justamente ocupado por mano de obra local y 20 % de expertos.

Previamente, el ministro de Energía, René Ortiz, había informado a los participantes que la rotura de los oleoductos fue un evento fortuito, pero que las empresas petroleras actuaron de manera inmediata.

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Mientras tanto, Ricardo Merino, gerente de Petroecuador, explicó que se apoyó a las 108 comunidades con 1 719 696 de litros de agua segura. También se entregaron 25 888 kits de alimentos y atenciones médicas para 5211 personas.

Adicionalmente, la estatal está trabajando en soluciones para que los oleoductos puedan seguir trabajando. Por ello ya se encuentran construyendo la cuarta variable del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). La primera fue de 1177 kilómetros; la segunda de 696 metros, la tercera de 338 y una cuarta ha iniciado ayer y será de 750 metros, explicó.

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Pese a las explicaciones dadas por las autoridades petroleras, los miembros de la Comisión no quedaron del todo convencidos y votaron de manera unánime (los ocho asambleístas presentes) para pedir que los funcionarios realicen una sesión de trabajo, el 8 de octubre próximo, en la zona del problema, para constatar la situación.

Durante la comparecencia, los comisionados también escucharon las quejas de representantes de las poblaciones del sector.

Darwin Camacho, alcalde de San José de Guayusa, discrepó con la información oficial y aseguró que no se puede decir que haya sido un caso fortuito, pues el 2 de febrero ya hubo una primera alerta con el colapso de la cascada de San Rafael.

Sesenta y dos días después, se produjo la rotura de los oleoductos, por lo que podía haberse tenido plantes de contingencia, barreras de contención para que la reacción sea inmediata.

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También manifestó su inconformidad de que no se haya adquirido la mayoría de bienes en la propia Amazonía, y señaló como ejemplo la dotación de agua proveniente de una empresa de Machachi. Además aseguró que esta apenas alcanzaba para beber, y no para otras actividades de limpieza o cocina. Así se les ha privado del derecho al agua, afirmó.

Entre tanto, Jaime Bedón, director de Riesgos del Municipio de Francisco de Orellana, dijo que es prioritaria la entrega por parte de las empresas de una planta de tratamiento de agua y que se encarguen de atender problemas como las enfermedades derivadas de la contaminación.

Sobre el tema, el ministro de Energía dijo que toma nota de todas las observaciones y se buscará darle solución inmediata. (I)