Persona con VIH y otra con discapacidad visual fueron despedidas por fuerza mayor; sus demandas están en trámite

Durante siete años Gregorio colaboró en una empresa de venta de electrodomésticos. Inició con todas las ilusiones de aprender y escalar puestos, pero este sueño se derrumbó por la pandemia COVID-19. Pensó que regresaría a su espacio de trabajo, pero nunca fue así.

Aún recuerda el pasado 16 de marzo cuando le informaron que debía laborar desde casa vendiendo los equipos que ofrecía esta compañía.

Dice que fue puntual con sus horarios de conexión en casa hasta el 20 de mayo cuando fue notificada su salida por fuerza mayor o caso fortuito, causal estipulada en el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo.

Afirma que no se lo esperaba. “Desde ahí no hubo ningún contacto (con la empresa), simplemente decía que nuestra liquidación iba a ser en 30 días y no pasó eso”, enfatiza Gregorio.

El tecnólogo en Sistemas, de 38 años, padece una enfermedad catastrófica que le costó pronunciar durante esta entrevista vía telefónica: “Tengo VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)”.

Lleva varios años en tratamiento y este se vio pausado por su despido, pues recibía medicación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Vivía en Quito y por la crisis no le quedó otro camino que buscar un espacio donde su familia en el cantón Morona. Dice que con los $500 que lo estaban liquidando no le alcanza ni pagar el 50 % de una deuda bancaria.

Gregorio asegura que hubo más de 100 despedidos en dicha empresa, en su mayoría mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas y con discapacidad.

Como ocurrió con Pedro, de 46 años. Tiene 75 % de discapacidad visual y desde el 16 de marzo no teletrabajó. Estuvo suspendido laboralmente.

Él era auxiliar de bodega y lo estaban liquidando con $500 bajo la misma causal de fuerza mayor.

"Sabiendo la gravedad del asunto en ningún momento me llamaron desde el 16 de marzo hasta ahora y yo he iniciado acciones legales", dice.

Puso la denuncia en el Ministerio de Trabajo y en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis). Estos dos entes, según Pedro, le indicaron que busque asesoría legal.

De momento no tiene empleo y está buscando cómo emprender un negocio, pero hasta ahora "no se le dan las cosas".

Ambos son parte de las 25 359 actas de finiquito por fuerza mayor que registra el Ministerio de Trabajo en seis meses. 4228 corresponden al área comercial, 3834 a actividades agrícolas, ganaderas y pesca; y 3597 a industrias manufactureras.

Gregorio y Pedro demandaron a la empresa y exigen el pago "justo" de sus liquidaciones. Afirman que la empresa sigue laborando. Esto, a pesar de que la Disposición Única Interpretativa de la Ley Humanitaria señala que "la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica".

Los procesos de ambos siguen en trámite, aunque algunas audiencias que analizan casos de fuerza mayor, de acuerdo con abogados laborales, de a poco se están desarrollando.

Así lo asegura la abogada laboral Vanessa Velásquez, quien defendió a una guardería de una demanda por indemnización por despido intempestivo, planteada por una extrabajadora, que laboró por siete años. El fallo fue a favor de la empresa porque aplicó legalmente el caso fortuito.

Abogados laborales dicen que de a poco se están realizando audiencias que incluyen la figura de fuerza mayor, estipulada en el Código de Trabajo. Foto: Cortesía.

"Tuvimos una audiencia hace 15 días y en la sentencia no aceptaba la demanda (de la trabajadora) porque se estaba aplicando correctamente la fuerza mayor en virtud del cese de actividades. El objeto del contrato por el cual estuvo (la trabajadora que demandó por el pago de liquidación) durante siete años se acabó, se eliminó, no tuvo validez", explica.

Según el Consejo de la Judicatura, 4249 causas laborales se han resuelto del 20 de marzo al 20 de agosto. De estas 1944 son por indemnización por despido intempestivo; 1171 de pago de haberes laborales; 347 por jubilación; 256 por impugnación del acta de finiquito; 120 de acción por despido ineficaz, entre otras.

Pichincha es la provincia con mayor causas resueltas y suman 1679. Le sigue Guayas con 871; Manabí con 221 y Los Ríos con 211.

Lenín Duque, también abogado laboral, defendió a una despedida por la causal de fuerza mayor durante su periodo de lactancia. Puso una demanda por despido ineficaz y la audiencia se realizó el pasado jueves.

El veredicto fue a favor de la trabajadora y logró que se cancele el 75% de la liquidación por sus dos años de labores.

Duque ha presentado 200 demandas durante la pandemia bajo esta figura, algunas están calificadas y está a la espera de la fecha de las audiencias. En una misma situación está Velásquez. Tiene 70 demandas calificadas que corresponden en Guayaquil, Quito, Latacunga, Ambato. Espera la citación.

Mientras que el abogado Carlos Araujo ha atendido entre 24 a 26 casos en materia laboral y el 80 % son por fuerza mayor. "Todavía no están fijadas las fechas (...) Hemos tenido 500 a 600 consultas en lo que va de estos meses", apunta.

Los tres abogados laborales han atendido casos de personas con discapacidad, mujeres embarazas y con enfermedades catastróficas. Unos de trabajadores con 39 años de trabajo y $200 de liquidación; otros con más de 20 años y $0,22 a recibir. (I)