La polémica envuelve a la salida de Pablo Flores de la gerencia general de Petroecuador. Tras un proceso de renuncia con cartas y desmentidos entre el ministro de Energía, René Ortiz, y el propio Flores, se mostraría que diferencias sobre la tarifa de transporte de crudo que cobra OCP a Petroecuador y la contratación de pólizas de seguro de todo riesgo empujaron la salida del funcionario.

Ahora, por decisión del directorio de Petroecuador, ocupa la gerencia Ricardo Xavier Merino, quien antes era gerente de Comercialización interna de la misma empresa.

En su carta formal de renuncia, el exgerente indica, sobre los puntos de discordia, que durante su gestión buscó licitar los contratos de seguros para Petroecuador y no llevar adelante la práctica de administraciones anteriores de entregarlos a dedo. Además indica que él no estaba a favor del incremento de la tarifa de transporte de crudo establecida en un contrato de la EP Petroecuador, sin considerar la tarifa de transporte preferencial a la que tienen derecho el Estado y sus instituciones.

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Sobre el primer punto, Flores explicó que en 2014 Petroecuador firmó el contrato con Seguros Sucre por $33,9 millones. Este terminó en 2016, pero se hicieron al menos ocho extensiones del contrato hasta antes de que él llegara a la administración. Entonces, Flores le apostó a un proceso licitatorio, desde noviembre de 2018, dejando de lado la figura de régimen especial.

En marzo de 2020 se realiza una nueva convocatoria, cuyo valor referencial era de $39 millones, la cual se cancela por recomendación de Sercop. Para mayo se realiza una nueva convocatoria, pero se la declara desierta porque las ofertas estaban muy por encima de los presupuestos referenciales. Finalmente, en agosto de 2020 ya el riesgo de Petroecuador había subido mucho y se volvió a licitar, en montos de $54 millones. Este proceso se encuentra en curso.

Flores explicó que en torno a los contratos de seguros se llamó a un concurso en el cual variaron las condiciones para las empresas, lo que permitió una mayor participación de compañías oferentes, de 113 a 142. Durante toda la administración Flores también debió lidiar con los problemas derivados de una demanda a la aseguradora estatal Seguros Sucre, que según orden judicial debía pagar una indemnización a Petroecuador por $34 millones, pero que aún no lo ha concretado. Incluso se han dado procesos de mediación, pero no se ha llegado a ningún acuerdo en el tema, sobre todo por el cobro de intereses. El 18 de septiembre hay una nueva reunión de mediación sobre el asunto.

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Frente a la posición de Flores, René Ortiz aseguró que “el cambio en la gerencia de la estatal petrolera responde a la necesidad de cumplir rigurosamente los preceptos que hizo públicos desde el inicio de su gestión: procesos de contratación pública transparentes, apegados siempre a la ley y selección por licitación.

En este sentido, Ortiz le pidió a Merino, quien reemplaza a Flores, que cumpla dos metas a corto plazo: “Se lleve a cabo un proceso limpio y transparente de conformidad con las normas jurídicas vigentes en el Sistema Nacional de Contratación Pública para el aseguramiento de los bienes industriales patrimoniales de la empresa pública, proceso que hasta ahora llevaba 17 veces postergado”.

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En segundo lugar, dispuso “el respeto irrestricto a los contratos firmados por el Estado que, en el ámbito del transporte de crudo, se rigen por el contrato de noviembre del 2018”.

Sobre el tema de la tarifa, OCP Ecuador informó a través de un comunicado “que no ha solicitado a Petroecuador incremento en la tarifa de transporte de crudo”. Pero aclaró que ambas empresas tienen un contrato desde noviembre de 2018, en el que se estableció la tarifa actualmente vigente y que es de $2. En este sentido OCP dijo que “ha solicitado a la estatal petrolera que se respete la tarifa y los términos establecidos en dicho contrato, precio que constituye el más bajo entre los clientes que utilizan el servicio de transporte de OCP Ecuador”.

Andrés Mendizábal, presidente ejecutivo de OCP Ecuador, explicó que la transportadora brinda servicios a EP Petroecuador y a otros clientes como es el caso de “la tarifa acordada en el contrato de transporte suscrito con EP Petroecuador, ha sido aplicada y pagada desde el inicio de su vigencia, noviembre de 2018 hasta abril de este año”. Sin embargo, desde este mes EP Petroecuador ha buscado aplicar una tarifa menor unilateralmente, lo que sería contrario al respeto a la seguridad jurídica en el país. (I)