Un nuevo reclamo de una empresa estatal por una póliza contratada con Seguros Sucre S.A. se ventila en los juzgados. Hoy jueves se realizará una audiencia en un tribunal de lo Contencioso para aceptar o no un reclamo administrativo presentado por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Más de cuatro años después se resolverá sobre un desacuerdo que comenzó con el terremoto de abril de 2016 por el daño de equipos, tendido eléctrico, cables y postes de la empresa distribuidora de energía eléctrica, CNEL, en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. El monto en juego asciende a un total de $39,4 millones.

El tribunal es el Segundo Contencioso y Administrativo de Guayaquil, que comenzó a analizar el caso en septiembre de 2018. La audiencia de juicio arrancó en febrero de 2019, hace 18 meses, pero no ha podido llegar a su culminación y se espera que hoy sea el día definitivo. Ahí se resolverá si se acepta una resolución de la Superintendencia de Compañías a favor de Seguros Sucre o se la rechaza, y prevalece otra de la Intendencia de Seguros a favor de CNEL.

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Después del terremoto, en julio de 2016, Seguros Sucre, gerenciada entonces por José Luis Romo-Rosales, se negó a pagar los daños. Adujo que en la póliza multiriesgo se había excluido las líneas de transmisión con la única excepción de lluvia, granizada o inundación. El contrato de póliza multiresgos con Seguros Sucre se firmó en diciembre de 2015 por $4,4 millones para asegurar los bienes de CNEL, que ascendían a $487 millones. Era la renovación de una póliza, pues por orden del gobierno de Rafael Correa todo el sector público estaba obligado a contratar con Sucre.

CNEL presentó entonces un reclamo ante la Intendencia de Seguros, que falló a su favor y le dio un plazo de ocho días a Sucre para pagar. El documento, firmado por el entonces gerente Jorge Jaramillo y el abogado Xavier Vizueta, se centra en la póliza de incendios, que incluye terremotos y otros imprevistos como sabotajes. Para CNEL quedaba claro que esa exclusión de las líneas de transmisión se refieren al tendido eléctrico entre las instalaciones de CELEC (la generadora estatal de electricidad) y sus propiedades, pues la Corporación solo se encarga de la distribución que comienza en las subestaciones.

En la resolución, firmada el 19 de mayo de 2017 por el intendente Andrés Martínez, se argumentó que en el endoso aclaratorio constaba la valoración de las instalaciones de subtransmisión, las redes de bajo voltaje, los transformadores y el sistema de alumbrado público. Es decir que en ese documento, avalado por Sucre y que formaba parte de la póliza, se reconocían los bienes asegurados y sus valores. Para Martínez, la excepción relacionada con la lluvia no era limitante para no cubrir los daños por el terremoto a los bienes en la intemperie.

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Otro de los argumentos de CNEL es que anteriormente, Seguros Sucre sí había cubierto accidentes y siniestros ocurridos a la intemperie pues nunca cuestionó estos reclamos. Tal es así que estos se pagaron con base a un cuadro de valoración de activos donde constan las líneas de subtransmisión y distribución de electricidad de la Corporación. Entre los sinestros indemnizados se incluye la caída de varios postes de la vía pública.

A raíz de la resolución de Martínez, Seguros Sucre, a través del abogado Heinz Moeller Gómez, apeló la decisión por lo que pasó a manos de la entonces superintendente Suad Manssur. Ella, en cambio, le dio la razón a la aseguradora el 26 de septiembre de 2017. En esta ocasión se citó la exclusión ya señalada sobre las redes de transmisión, así como otra cláusula del contrato, una que habla de bienes a la intemperie y que los limita a los que estén dentro de los predios asegurados. Por ello ordenó que CNEL excluya de su reclamo todos los bienes que se encuentren fuera de los predios de la Corporación.

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De aplicarse esta resolución, el reclamo de $39 millones se reduciría a solo $3 millones.

El exgerente de Seguros Sucre, José Luis Romo-Rosales, está ahora detenido por caso de supuesto enriquecimiento ilícito que investiga la Fiscalía.

Otro caso que se ventiló en un juzgado de Guayaquil fue la deuda que mantiene Seguros Sucre con la estatal Petroecuador y que asciende a $34 millones.