Corte Constitucional echa abajo recaudación anticipada de impuesto a la renta para 1188 empresas

Un nuevo revés fiscal tuvo el Gobierno, ayer, cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 1109, que buscaba recaudar unos $280 millones de empresas que tuvieron ganancias en el primer semestre del 2020, bajo la figura de un anticipo al impuesto a la renta. Con una votación muy ajustada, de cinco votos que descalificaron al decreto y cuatro que más bien lo consideraron constitucional, la Corte dejó insubsistente la posibilidad de una recaudación que se debía aplicar a 1188 empresas que han tenido ventas por $18 000 millones.

Esta negativa se suma a una serie de problemas que ha venido registrando el Gobierno durante la pandemia e incluso antes. De acuerdo con declaraciones de la ministra María Paula Romo, en una entrevista radial, esta decisión de la Corte “se suma a la lista de dificultades institucionales que tenemos para combatir la crisis”. Recordó, por ejemplo que recientemente el Gobierno pidió a las universidades una reducción de su presupuesto del 10 %, es decir $100 millones de los $1200 millones que reciben, pero el camino de estas instituciones fue demandar al Estado.

También hizo mención a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que quieren recibir los mismos recursos calculados antes de la pandemia.

Justamente ayer se conoció que representantes de algunos GAD se tomaron la vía Daule-Santa Lucía, reclamando los pagos atrasados.

Entre tanto, Romo dijo además que a la Asamblea se le envió una Ley Humanitaria para responder a la crisis, pero la Asamblea negó buena parte del contenido que facilitaba procesos de liquidaciones, pero también nuevos empleos, mejoras para la producción y el mercado laboral. No conforme con ello, la Asamblea impuso nuevas obligaciones fiscales al Gobierno; es decir, obligó a más.

Ahora, cuando el Gobierno busca tener liquidez de empresas que tuvieron ganancias, también se le ha negado esta opción. “Les preguntamos a los otras funciones y otros poderes del Estado, ¿de dónde más?”, dijo la ministra.

En todo caso, dijo que acatarán la resolución de la Corte. Pero hizo hincapié en que fue una polémica decisión y que tuvo un voto salvado. No descartó que se pudiera volver a tomar la medida, demostrando la calamidad pública que se ha generado y que hace necesaria la medida.

Entre tanto, Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), dijo que su gremio ve positiva la sentencia de la Corte. Aseguró que desde el comienzo indicaron que la recaudación anticipada de impuestos tendría una consecuencia nociva en las empresas y en la generación de empleo. Además indicó que dentro de una democracia deben existir contrapesos, y esto ha ocurrido con la sentencia de la Corte. Para Costa, el Gobierno debe buscar que exista liquidez en las empresas para que se dinamice la economía y evitar medidas que quiten recursos a las empresas que son necesarios para la producción nacional.

Para Costa hay que tener en cuenta que todos los sectores productivos están encadenados: el primario, con el industrial, comercial y los servicios; hacia atrás y hacia adelante; sin importar el tamaño de las empresas, las micro con las pequeñas, medianas y grandes empresas. Debe entenderse de una vez por todas que la dinámica productiva es así y aquella frase: “que pague más impuestos el que más tiene” tiene sus limitantes económicas y sociales, ya que muchas veces la incidencia de los impuestos redistributivos termina minando la capacidad productiva de la sociedad en su conjunto.

En segundo lugar, lo que las empresas necesitan, sin importar su tamaño, es tener inyección de liquidez y no que se la quiten. Recordó que las ventas a nivel general han caído el 31 %, si se compara el periodo marzo-junio del 2020 con marzo-junio del 2019, esto es una pérdida de $19 865 millones. (I)