Tras amnistía, dirigentes indígenas regresan a sus comunidades con deudas y malos recuerdos de haber estado en la cárcel

Desde este viernes fueron liberados los dirigentes indígenas que recibieron la amnistía de la Asamblea Nacional tras reconocer que aplicaron justicia indígena en la comunidad San Pedro de Cañar en 2015. Los primeros en salir fueron Ángel Belisario Calle Calle y Luis Eduardo Calle Espinoza. Y la noche del sábado María Sotamba y José Sarmiento abandonaron el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi.

La emoción de los amigos y familiares de los dirigentes sentenciados en 2015 por secuestro y extorsión era visible, por eso los recibieron con abrazos y una limpia energética con montes y plantas. De ahí retornaron a sus hogares para continuar con su vida.

Luis tiene 73 años de edad y estuvo encerrado desde hace dos años y medio en la cárcel de Cañar. Aunque se siente alegre porque se demostró que no cometió ningún delito, cuenta que no podrá descansar y disfrutar su vejez porque todo este proceso le dejó una deuda de $15 000, dinero del que no dispone y por eso volverá a labrar su terreno ubicado en la comunidad de Chubin. Ese monto, añade, es para los abogados y los que lo demandaron acusándolo de extorsión y secuestro.

Mientras que alrededor de las 19:00 del sábado José Sarmiento y María Sotamba salieron del CRS de Turi. Tuvieron un rápido encuentro con sus allegados que estaban en los exteriores de las 15:00 y subieron por última vez a una patrulla, pues el trámite legal debía completarse en las oficinas de la Policía Judicial del Azuay.

Tras cumplir una pena de tres años y ocho meses, José Sarmiento siente una gran satisfacción porque está seguro de que su sentencia “fue un atropello por parte de la justicia ordinaria”, y dice que si es necesario volverá a aplicar sus métodos ancestrales para impartir justicia indígena porque es un derecho propio.

José Sarmiento y María Sotamba salieron del Centro de Rehabilitación Social de Turi el sábado 8 de agosto del 2020.

María Sotamba, de 62 años de edad, asegura que en el año con 11 meses que estuvo encerrada lo más difícil fue estar lejos de su familia. Para soportar el “tormento” recibió la terapia con cuatro psicólogos y pasaba tejiendo. Ahora volverá a su trabajo en la agricultura para mantener económicamente a los suyos.

Otra de las beneficiadas fue Blanca Sarmiento, quien también recibió una sentencia por el delito de secuestro y extorsión que entre el 2015 y 2016 le iniciaron quienes recibieron la justicia indígena.

Cuenta que estuvo encarcelada durante un año y cuatro meses en Turi, tiempo en el que sufrió por estar lejos de sus nueve hijos, nietos y su esposo. Aunque asegura que no recibió maltrato físico, en su memoria aún guarda recuerdos desagradables. “Ay señor, no quisiera eso para nadie. Ni en las puertas no se diga adentro. Es lo más duro, ahí se escuchan y ven cosas que nunca habíamos imaginado”.

El 21 de mayo de 2019 dejó la prisión, pero debía presentarse semanalmente a los juzgados para firmar y así garantizar su presencia. Ahora, cuando está a punto de quedar liberada de toda culpa, se siente tranquila porque dice que quedó demostrado que no hizo nada malo.

Para cumplir con la excarcelación Luisa María Villacís, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), explicó que se ingresaron los escritos de los amnistiados para que fueran archivados por el Consejo de la Judicatura. Contó que en el inicio hubo demora en los trámites, pero luego se efectivizó.

Sobre la posibilidad de demandar al Estado por la sentencia inicial, comenta que por ahora las comunidades no han podido articular de una manera clara cuál será el siguiente paso y que Inredh los seguirán apoyando en cualquier sentido

El pedido de amnistía se inició en febrero de 2018 cuando Inredh y la organización indígena de San Pedro de Cañar presentaron una solicitud de amnistía a favor de las 23 autoridades indígenas que desde el 2015 y 2016 fueron procesadas por administrar justicia indígena en Cañar y Azuay en contra de presuntos delincuentes que amedrentaban y extorsionaban a los miembros de la comunidad.

El objetivo fue solicitar la extinción total de la pena y la condena a nueve mujeres y catorce hombres procesados por los delitos de secuestro y daños a bienes privados. En la votación final el pleno de la Asamblea aceptó este pedido con 112 votos afirmativos, 2 en blanco, 0 negativos y 19 abstenciones.

Con esto la Asamblea consideró “declarar que la decisión adoptada reafirma la vigencia del Estado pluricultural e intercultural y el derecho de las comunidades y pueblos indígenas al ejercicio de sus derechos colectivos”, según consta en la resolución aprobada en julio pasado. (I)