Unidos por la Educación busca ser el primer fideicomiso para reformar el sistema educativo del Ecuador

En Ecuador existen alrededor de 900 escuelas rurales que no están funcionando y podrían ser reactivadas para que unos 70 000 estudiantes puedan volver a las aulas, el costo promedio para ello es de $50 000 por plantel, pero en estos momentos el Gobierno no cuenta con los recursos económicos para poder realizar la reapertura. Este indicador sobre educación es solo uno de los muchos que preocupan a la iniciativa Unidos por la Educación, que surgió hace más de un año y tiene como objetivo reformar el sistema general de educación del país.

Unidos por la Educación, una alianza de quince empresas privadas que aportan económicamente y con donaciones para el desarrollo en el campo educativo, logró pactar un histórico convenio con el Ministerio de Educación para que la calidad de la educación que reciben los 4,4 millones de estudiantes en el país pueda mejorar.

“Ecuador enfrenta graves deficiencias en calidad en la educación, es un reto que ha persistido durante varios Gobiernos y desde el sector privado nos hemos dado cuenta de que es importante empezar a colaborar”, dice Juan Pablo Guerrero, director ejecutivo de la iniciativa.

“Un 50 % de estudiantes en educación general básica tienen logros insuficientes y en la prueba Ser Bachiller un 20% no aprobaba y un 40% lo hacía con un logro elemental”, apunta Guerrero, y dice que estas métricas revelan que el modelo de educación en el país se basa en la memorización de contenidos y no en el desarrollo de habilidades de competencias y valores.

Guerrero comenta que Unidos por la Educación busca fortalecer el sistema educativo del país para que los ecuatorianos tengan cada vez más acceso a desarrollar habilidades, competencias y valores, y que esperan lograrlo de la mano de la alianza suscrita con la cartera de Estado, oenegés, universidades privadas y fundaciones como Nobis y Crisfe.

El proyecto apunta a ser el primer fideicomiso para invertir en escalar modelos que funcionan en escuelas y que vienen siendo implementados por fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Hasta ahora han logrado recaudar $600 000 y en este mes planean firmar más alianzas con empresas del sector privado para fijar metas anuales.

El convenio “permitirá al sector privado poder incursionar en escuelas o colegios urbanos fiscales y hacer cambios de forma que pueden ser de infraestructura, tecnología y conectividad, pero también cambios de fondo como el modelo de formación docente, el modelo pedagógico que sigue la escuela y las relaciones con la comunidad”, dice Guerrero.

Para poder realizar estos cambios, Unidos por la Educación ha hecho alianzas con la Fundación Vueltas y el Grupo Faro, dos organizaciones que desde hace tiempo y por su cuenta y con fondos propios han conseguido intervenir 23 escuelas rurales para reformar sus modelos educativos.

Desde el 2018, Fundación Vueltas trabaja en reformar la escuela rural fiscal Ernesto Velásquez Kuffó, ubicada en la localidad de Ayampe, en la provincia de Manabí.

Entre los cambios que han realizado está la implementación de un programa intensivo de formación docente y la revalorización psicológica y emocional del docente, todo en el concepto de “la escuela comunitaria”, un principio en el que junto con la comunidad se toman decisiones democráticas para el bien común. Este modelo la organización lo está implementando en otras siete escuelas más.

“La escuela tiene 75 niños y niñas, este plantel al igual que otros sufría abandono por la gente que decide irse a la ciudad porque cree que hay mejor calidad educativa y eso nos motivó a implementar el proyecto para que la escuela rural de Ayampe fuera un lugar de calidad”, dice Sergio Carneros, coordinador del proyecto de innovación y mejora de la fundación.

Nancy Zambrano, directora de la escuela, comenta que como es un proyecto de innovación, los padres de familia están encantados con el proyecto. “Saben que es un cambio de la metodología antigua, la tradicional, en la que los niños solo trabajaban con cuadernos y libros”, apunta y dice que la metodología de la escuela se basa en trabajos cooperativos para el niño que se integre y sea participativo.

Por su parte, el Grupo Faro utiliza el método dialógico en quince escuelas. En este método el trabajo se realiza igual junto con la comunidad, se crean grupos interactivos y tertulias y trabajan en la formación de la familia, que se involucra al igual que la comunidad. También la metodología apunta a la prevención y resolución de conflictos y formación pedagógica.

“Como en educación no hay fórmulas únicas tener dos modelos de referencia facilita el poder escoger el mejor y también ayudar a este tipo de organizaciones que son exitosas a ingresar en otras escuelas del país para implementar sus programas”, apunta Guerrero, aunque no descarta abrir convocatorias para que se sumen otros modelos para poder replicar.

Entre las metas del proyecto de Unidos por la Educación está intervenir unas 20 escuelas del país en el plazo de un año para replicar los modelos de Vueltas y Faro y después extenderlo a largo plazo en las 16 000 instituciones que existen en todo el país.

Según un mapeo facilitado por el Ministerio de Educación, los lugares con sistemas de educación más vulnerables y que deben ser intervenidos están en la zona 3, que abarca la Sierra centro; la zona 4, Manabí y Santo Domingo; y en la zona 5 , la provincia de Bolívar. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19 el panorama para la iniciativa se ha visto ensombrecido y ha puesto en evidencia datos que han alarmado al colectivo y han hecho que redefina su campo de acción incluyendo a las escuelas privadas populares.

“Las escuelas privadas populares que tienen un costo bajo también se verán afectadas por el desempleo que ha causado la pandemia: en la Costa 100 000 estudiantes han abandonado su escuela y se han pasado a una fiscal, y en la Sierra se espera que entre 70 000 y 80 000 alumnos caigan en la misma situación”, sostiene Guerrero.

La iniciativa también buscará ahora entregar becas a través de la empresa privada, para que estas escuelas no cierren y puedan seguir con sus actividades académicas, y ayudar a reducir la brecha digital, que ha sido un obstáculo y desventaja para la educación remota que se instauró tras la llegada de la emergencia sanitaria.

“En Ecuador, la mayoría de hogares e instituciones están desconectadas de internet fijo, la mayoría de los ecuatorianos no tiene un smartphone con un plan de datos, la mitad de los ecuatorianos no tienen una computadora personal”, dice Guerrero y agrega que es algo que debe cambiar aunque tome años lograrlo. (I)