El Gobierno Nacional espera una inversión de entre $2000 y $2600 millones por el proceso de delegación de la administración de la Refinería de Esmeraldas a un socio privado. Así lo reveló el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, en una entrevista con diario La Hora de Esmeraldas.

En dicha entrevista, el ministro comentó que ya existen al menos tres interesados y que se realizará una licitación para escoger a la mejor empresa. Todo ello, con base en el decreto 1094 emitido recientemente por el presidente de la República, Lenín Moreno, que plantea la delegación y estima que la empresa privada deberá mejorar la calidad de combustibles e instalar un tren de alta conversión.

También aclaró que la idea sería entregar la administración y la operación como se hizo con el Oleoducto de Crudos Pesados, hace más de 20 años. En este caso, la concesión duraría también unos 25 años.

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El ministro Ortiz justificó la necesidad de realizar esta delegación, por un lado debido a que la Refinería actualmente, pese a haber sido repotenciada en el Gobierno anterior, lamentablemente no está cumpliendo un papel útil para el mercado nacional y requiere inversión importante con amplios recursos, que el Estado ecuatoriano no tiene, para generar combustibles más limpios y con calidad euro 5. Al final del día, el Estado recupera el activo ya mejorado, dijo.

El anuncio de la emisión del decreto generó esta semana protestas en Esmeraldas por parte de algunos trabajadores, apoyados por la concejala Janeth Bustos. Esta semana hubo un plantón frente a la Gobernación de Esmeraldas, que rechazaba una supuesta venta de la refinería.

Para Henry Llanes, experto petrolero, la idea de un socio estratégico es positiva, pero el decreto 1094 es muy ambiguo y escueto. En este sentido pedirá al Gobierno que lo amplíe y aclare varios puntos. Entre ellos cómo será la propiedad de los activos en la asociación público privada; establecer un capítulo en que se garantice la buena calidad de bienes y servicios para el público. Además, le parece importante que exista un Comité de Administración del Contrato.

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Explicó que se debe establecer en el decreto el monto de inversión y la posible tarifa de repago. Además pidió que haya licitación y que participen empresas serias en el proceso.

Entre tanto, Luis Calero, experto en temas energéticos, consideró que es importante aclarar que no se está disponiendo la privatización de la administración, sino que es una figura en la que participa conjuntamente Petroecuador. La idea es que en esa administración conjunta logre mejoras en la calidad de derivados y la construcción del tren de alta conversión.

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Aún está pendiente de definir, dijo, cuál será la figura que usarán Petroecuador y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Esta podría ir desde un contrato de servicios específicos, o un consorcio de ambas empresas, a conformación de una compañía de economía mixta, o un joint venture.

Ve positivo que venga un socio con dinero que participe con Petroecuador en la operación y considera que su pago será a través de una tarifa.

Para Calero este tipo de medidas deberían ser aplicadas a todas las refinerías, para ir superando los déficit que tiene el país en cuanto a derivados y su calidad. (I)