Las inundaciones y las lluvias fuertes son las amenazas más frecuentes y las que mayor incidencia han tenido en el territorio nacional durante los últimos 35 años (44 %), seguidas por los incendios forestales (26 %), los deslizamientos de tierra (11 %), oleajes (9 %), terremotos y tsunamis (8 %) y las sequías (2 %).

El 50 % de los muertos y desaparecidos en el periodo en mención fue por las inundaciones, según un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) de julio del 2019, que contiene los lineamientos para la creación de los planes de ordenamiento territorial de los 221 cantones del país.

Esta última entidad es una de las que gestiona el agua desde la perspectiva de la prevención de los riesgos que puede generar y la respuesta. Su informe de época lluviosa 2012-2019 contiene mapas con la identificación de las áreas susceptibles ante inundaciones y deslizamientos de tierra según la topografía.

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Inundaciones en el cantón Samborondón, en Guayas. Foto: Cortesía de Eduardo Rodríguez

El SNGRE entregó en octubre pasado esta información, de manera digital, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para que elaboren planes de contingencia y haya un manejo oportuno del riesgo.

Las provincias más afectadas según el número de cantones perjudicados son Manabí (9), Guayas (6), El Oro (6), Los Ríos (4), Esmeraldas (3), Sucumbíos (2), Bolívar (1) y Santo Domingo de los Tsáchilas (1).

La información señala sitios específicos, como barrios de la parroquia La Unión, en Quinindé, Borbón, en Eloy Alfaro y Tachina y San Mateo, en la capital esmeraldeña. Hay cantones con toda su superficie afectada como Tosagua, en Manabí, y Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), en Guayas.

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Número de afectados

De las 588 331 personas impactadas por eventos naturales y causados por el hombre en el periodo 2014-2019 casi la mitad (263 476) fueron víctimas de las inundaciones, según el SNGRE. Siguen las sequías (72 083), los sismos (65 902) y la actividad volcánica (47 981). Estos dos últimos son menos frecuentes, pero dejan un mayor nivel de destrucción y de pérdidas económicas.

Rommel Salazar, director general del SNGRE, asegura que solo 140 de los 221 cantones del país cuentan con una Dirección de Gestión de Riesgos que gestione, por ejemplo, las inundaciones posibles. “El ordenamiento territorial planificado, creando un mapeo, revisando los riesgos nos va a permitir una planificación en el talento humano, en el cumplimiento de objetivos para prevenir las consecuencias de un desastre”, indica el funcionario.

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El SNGRE marca la hoja de ruta en el papel para que otras entidades ejecuten las obras desde sus competencias, agrega. “Los equipos preparan informes técnicos de posibles riesgos que se pueden convertir en desastres..., pero si avisamos a todas las instituciones con reuniones, planificación y alertas”, asegura.

Las inundaciones son parte de la dinámica de las cuencas hidrográficas, por lo que siempre existirán y hay que aprender a convivir con ellas, explica Eduardo Rodríguez, responsable del proyecto binacional Inunred Manabí-Piura. Es un fenómeno constante que deja efectos pasajeros ya que las aguas bajan.

El reto, agrega, está en que la política pública tome en cuenta este conocimiento ancestral. “En las historias que narran los recorridos de los españoles se evidencia que ya la gente sabía cómo funcionaban las inundaciones. Había temporadas que utilizaban camellones (forma de disponer el suelo en la época precolombina), en Durán y en Las Maravillas, en Daule, en Guayas. Son zonas en las que todo está inundado y justo ves una isla con arroz. Allí ya saben claramente qué fechas se va a inundar y hasta dónde llega el agua, por eso hay canoas”.

La provincia de Manabí es la más afectada del país por las inundaciones. Juan Delgado, un agricultor de Tosagua, sabe las zonas en las que no se puede cosechar durante el invierno porque por lo general están bajo el agua y las áreas donde escasea el líquido en la temporada seca, por lo que dependen de las albarradas.

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En Manabí, dice Rodríguez, hay inundación sectorizada. “La presa Poza Honda (terminada en el cantón manabita de Santa Ana en 1971) solamente logra controlar el 7 % de la cuenca, es decir, no logra contener toda la cantidad de lluvias, lo que genera después el desbordamiento del río Portoviejo”.

La situación es compleja porque hay otras quebradas que van aportando al cauce y deforestación en la cuenca. Solo entre 1990 y 2014 se talaron cerca de 35 000 hectáreas (ha), lo que provoca el arrastre de sedimentos, dice.

Una nueva política pública en torno al maíz, que implementó el Gobierno durante la década anterior, indica Rodríguez, conllevó a que en cinco años más de 2000 ha se vuelvan cultivos de maíz tras la quema del follaje que había.

La situación es un efecto del manejo de la cuenca en temas de deforestación, en manos de la otrora Secretaría Nacional del Agua (Senagua) que ahora es parte del Ministerio del Ambiente, la política agraria del Ministerio de Agricultura y las obras que realizan los GAD, como represas pequeñas, compuertas y canales de riego y rellenos para instalar las casas que restan el cauce de los ríos Portoviejo y Riochico. Es una conjunción que deriva en inundaciones constantes.

“Hay varios instrumentos de planificación. Está el plan de manejo de la cuenca, el de ordenamiento territorial, el del sistema de riego Poza Honda, para el tema de deforestación, entonces tienes un montón de planes que no logran articularse, son como disparos en diferente dirección y nunca se logra mitigar la inundación”, manifiesta Rodríguez.

El manejo del agua requiere una coordinación entre varias entidades estatales, con distintas competencias en torno al recurso lo que genera una dispersión de acciones.

A ello se suma la incertidumbre por el cambio climático. Ahora lo que ocurre son precipitaciones intensas, pero de corta duración y de una distribución dispersa. “Entonces la ruralidad debe adaptarse”, agrega Rodríguez.

De 1982 al 2018 se registraron 185 inundaciones en la cuenca del río Portoviejo, de las que 150 se dieron desde el 2010.

Sylvain Bleuze, coordinador para Ecuador de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, asegura que lo que pasa en Manabí es una muestra del funcionamiento de la institucionalidad creada en torno al agua. “Lo que falta es determinar mecanismos financieros para la gestión de las cuencas, necesariamente más allá de las competencias, todos los actores estarían aglutinados porque cuando hay plata, hay gente alrededor de la mesa, entonces ahí tendríamos recursos”.

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inundaciones se registraron entre 2014 y 2019 con lo que es el evento natural más recurrente en Ecuador.

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quedaron damnificadas por el estancamiento del agua y 261 173 fueron afectadas en menor grado en el periodo 2014-2019.

GAD deben hacer prevención ante el impacto de las lluvias

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cuentan desde el 30 de octubre pasado con mapas, elaborados según la ocurrencia de eventos peligrosos en sus territorios durante los últimos 35 años, para que de acuerdo con esta información se creen los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT).

El objetivo es incluir en la planificación la ejecución de presas, diques y aliviaderos, muros de contención, limpieza de canales, tuberías y de los sistemas de alcantarillado, control y mantenimiento de márgenes de orilla, mejorar el sistema de manejo de aguas pluviales, la instalación de compuertas y estanques de retención y la construcción de barreras con sacos de arena. La idea es que el otorgamiento de los permisos de construcción dependa del historial de riesgos.

Pienso que...

Sylvain Bleuze*: "El ordenamiento territorial tiene que reconocer que cierta zona es húmeda y se inundará"

Hay que distinguir los tipos de invierno. Los normales, los fuertes y el fenómeno de El Niño, donde tienes la superficie bajo el agua más tiempo, gente aislada, etcétera.

Antes, cuando nadie metía su nariz en la gestión de la inundación, las poblaciones locales estaban acostumbradas y habían hecho las cosas inteligentemente como para convivir con el agua, es decir, cultivaban en la parte baja, media, tenían casas a dos metros de altura. Con el enfoque mundial de control llegaron las grandes represas y se creó una aparente seguridad.

Entonces se percibió que el peligro aminoró. En la práctica hay tal vez menos frecuencia de inviernos fuertes, pero cuando las lluvias ya rebasan las capacidades de la represa el efecto es mayor, porque ya la gente en vez de construir la casa sobre pilares la hace a nivel del piso o sobre un relleno. También carreteras sin los canales de drenaje suficientes o puentes que no están suficientemente altos. El riesgo de desastre por inundación es socialmente construido.

*Coordinador para Ecuador y Colombia de Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (I)