Con el anuncio de que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) empezará desde este mes a emitir las primeras planillas refacturadas, grupos sociales han comenzado a organizarse para conformar una veeduría que vigile este proceso y requerir que haya cambios más profundos para evitar que se repitan estos errores.

Gelacio Mora, dirigente del colectivo Tejido Social de Guayaquil, señaló que la refacturación no debe ser la única compensación, sino establecer sanciones para quienes ocasionaron un perjuicio a los clientes facturando montos altos en esta emergencia sanitaria.

"Debe haber la participación de la Fiscalía, porque aquí se cometió un delito, a más de violarse la Ley de Defensa del Consumidor, cobraron dinero que no correspondía a la realidad", dijo Mora, quien está impulsando la creación de una veeduría ciudadana.

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Días atrás, en la Asamblea, el gerente de CNEL, Diego Maldonado, reconoció que no se tomó al pie de la letra el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece los parámetros para calcular valores de servicios cuando se registran condiciones excepcionales.

Mora consideró que no es suficiente con retirar de sus cargos al director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y a los gerentes de las eléctricas.

Para César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano, la refacturación no implica una devolución en efectivo, sino una nota de crédito, que no necesariamente reflejaría los valores cobrados en exceso. Y ese es un mecanismo que otras veces se ha tomado y no ha dado los resultados que espera la gente.

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"Aquí lo que debería hacer CNEL es dar de baja a todas las facturas, con una exoneración de pago por la situación que vive la gente, y eso debe entender el Gobierno", indicó Cárdenas, quien también coincidió en que debe haber sanciones para las autoridades responsables de los cobros en exceso.

La agrupación Jornadas por la Paz, que presentó pedidos ante la Defensoría del Pueblo para frenar el cobro de planillas en exceso, ha insistido en que se condonen los pagos durante estos meses de la emergencia sanitaria.

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Amanda Arboleda, vocera de esa agrupación, aseguró que los ciudadanos no deberían pagar los cobros en excesos hasta que se resuelva el problema generado en CNEL.

"La Contraloría debería intervenir, hacer las acciones de repetición y ver temas de corrupción, es extraño que se sobrefacture de manera constante y repetitiva", indicó.

Días atrás, la Defensoría del Pueblo planteó la posibilidad de que a más de la refacturación exista una compensación de las empresas eléctricas al usuario ante el perjuicio ocasionado.

Mirelli Icaza, delegada provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo, explicó ayer que cuando existe vulneración de derechos debe haber una reparación por el malestar ocasionado. "Eso se está analizando y pronto se manifestará una vez que tengamos avanzada nuestra investigación y las vías de resarcimiento a la ciudadanía", sostuvo.

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Solo a la sede de Guayaquil llegaron unas 250 quejas de clientes del sector eléctrico, más los reclamos interpuestos por colectivos sociales que pidieron una condonación. Sobre este último punto, Icaza dijo que también se está efectuando un análisis.

Objeciones al esquema tarifario

En medio de los reclamos por los altos valores de las planillas, Arconel emitió un esquema tarifario que estará vigente durante el estado de excepción. Este fija, por ejemplo, un costo de 10,5 centavos por kWh a los usuarios que consumen más de 500 kWh.

Mora, del colectivo Tejido Social de Guayaquil, estimó que este pliego es discrecional porque se establecen diferentes valores, donde al que más consume se lo castiga.

De allí que propone que se debería fijar una sola tarifa plana baja, de 5 centavos, para el sector residencial. "Sin empleo, sin trabajo, castigar a un ciudadano porque más consume es un absurdo".

Consideró que cabe una reducción de las tarifas porque los costos actuales de la generación eléctrica están por debajo de lo que existía antes, cuando las térmicas predominaban.

En Arconel indicaron que una rebaja mayor no es sostenible porque pone en riesgo al sector.