Desde el gobierno de Lenin Moreno se denunció que a través de una veeduría ciudadana "direccionada", creada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se trataría de intervenir en el concurso público competitivo de frecuencias de radio, que lleva a cabo la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).