Establecer de “manera clara” la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una de las sugerencias que planteó la Misión Electoral de 35 expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe final a las elecciones seccionales y de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se realizaron en marzo del 2019 en el Ecuador.

El informe se aprobó el 24 de marzo de 2019, pero sus resultados recién los dio a conocer Kevin Casas, jefe de la Misión, el viernes último, durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA.

Los expertos observaron que la selección de los consejeros que realizó el extinto CPCCS Transitorio generó “descontento”, porque se permitió que partidos y movimientos políticos presenten candidatos.

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Por ello, recomendaron establecer de “manera clara los requisitos respecto a la afiliación partidaria”, y que “esta condición no esté sujeta a un reglamento que dependa del criterio del CPCCS”.

Casas calificó a los comicios pasados como “sumamente complejos” y en los que hubo “momentos tensos” por las discusiones entre los vocales del Consejo Electoral.

El informe de 98 páginas describió que “las decisiones que se tomaban por mayoría eran refutadas públicamente por aquellos que no coincidían con la resolución aprobada. (Se) evidenció la falta de una estrategia comunicacional institucional eficiente”. Y en esa línea, planteó que se “concilien la diversidad de opiniones y el debate interno”.

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Un año después, la situación descrita en el informe no ha cambiado. Y para el consejero Luis Verdesoto, quien usualmente cuestiona las decisiones que se aprueban por Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, no habrá consensos “si no hay tolerancia y madurez”.

“Antes de votar se debe llegar a acuerdos, consensos, pero eso no ocurre, porque jamás deliberan. Este es un llamado prudente de la OEA, porque desde hace un año preveían lo que venía: un funcionamiento dictatorial de la mayoría sobre el CNE”, comentó.

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Casas pidió aclarar el reglamento de promoción electoral porque se constató que las publicidades de los aspirantes al CPCCS “eran rechazadas y se exigió el uso de palabras específicas”, lo que podría “concluir en censura previa”.

Respecto del trabajo de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se planteó que “gocen de la estabilidad para desempeñar sus tareas de manera independiente, sin presiones externas y sin temor a una posterior remoción”.

Padrón pasa a análisis de los partidos

Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) el Registro Electoral para su observación, como parte de las acciones contempladas en el calendario para la organización de las elecciones nacionales del 2021.

El 19 de junio, el pleno del Consejo aprobó la entrega de este padrón que contiene, hasta el momento, nombres de 13 128 829 ecuatorianos habilitados para votar.

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Según los plazos establecidos, se podrán presentar recursos administrativos al registro hasta el 4 de julio; y recursos contenciosos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hasta el 9 de julio; y la sustanciación de estos se realizará hasta el 6 de agosto.

El cierre definitivo de este documento se prevé el 16 de agosto, 30 días antes de la convocatoria a elecciones, prevista para el 17 de septiembre.

Ayer el CNE habilitó un aplicativo denominado ‘Consultas Registro Electoral’, en el que la ciudadanía puede confirmar si está habilitada para sufragar y su sector de domicilio.

Fiscalización se reúne para iniciar revisiones al gasto de la campaña por la consulta del 2018

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea prevé sesionar hoy de forma virtual para conocer sobre el cumplimiento de las acciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el control y fiscalización del gasto electoral que realizaron los movimientos políticos en la campaña electoral por la consulta popular y referéndum del 2018.

Esto después de las denuncias de una presunta “contabilidad paralela” por parte del movimiento Alianza PAIS (AP) realizada por el portal digital La Posta, a cuyos directivos Luis Vivanco y Andersson Boscán se convocó a informar sobre su investigación.

La mesa recibirá también al asambleísta Marcelo Simbaña (CREO), que presentará los fundamentos para solicitar que se inicie una fiscalización de las actuaciones financieras y económicas de las empresas públicas, de las que supuestamente habrían salido recursos para esa campaña, entre las que están Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec); Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR EP); Empresa Nacional Minera (ENAMI EP); Ecuador Estratégico, Petroecuador EP, entre otras. (I)