A un día de que la Fiscalía de Pichincha realizó cinco allanamientos como parte de una investigación previa ante un posible sobreprecio en la adquisición de 100 000 pruebas PCR para COVID-19 hecha por la Secretaría Metropolita de Salud del Municipio de Quito, el funcionario de esa cartera municipal, Diego Salazar, se presentó la tarde de este jueves en la Unidad de Flagrancia, ubicada en las avenidas Patria y 9 de Octubre, norte de Quito, para colaborar con las investigaciones.

Salazar dijo que trabajaba en la Secretaría de Salud, como coordinador de medicamentos y dispositivos médicos, y decidió ir hasta la Fiscalía para saber qué es lo que necesitaba la justicia de él y por qué habían ingresado a su departamento hoy en la mañana. Él dijo que cuando se dio el allanamiento a su departamento se encontraba realizando en la toma de muestras para diferentes lugares del Distrito Metropolitano.

"Me dicen que quieren hablar conmigo. Yo no tengo ningún problema y es por eso que estoy aquí presente", señaló Salazar, mientras dijo desconocer si estaría por entregarse a la justicia el exsecretario de Salud del Municipio, Lenín Mantilla.

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Una vez Salazar ingresó junto a su abogado Freddy Ron en la Unidad de Flagrancia, agentes de la Unidad de Investigaciones en Apoyo a la Fiscalía (UIAF) llegaron al lugar y lo trasladaron hasta la Fiscalía General del Estado, localizada muy cerca de ahí, en la avenida Patria y Juan León Mera.

Ron aseguró que estaban ahí de forma voluntaria para esclarecer los hechos. Explicó que su cliente participó del proceso e hizo en el mismo un trabajo transparente. Explicó que realizarán una versión libre y sin juramento en la Fiscalía y aclaró que su cliente no tiene ningún orden de detención en esta investigación.

"Vamos a aclarar primero que no existe ningún tipo de delito, que a contratación está realizada debidamente y así mismo que no se encausaría en el área penal. Tenemos otro tipo de vías que nos establece ella vía jurisdiccional que no han sido agotadas antes de indicar este tema de carácter penal", apuntó Ron.

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Mientras aclaraba que es un funcionario eminentemente técnico, Salazar comentó que se compraron pruebas PCR en la Secretaría de Salud y él fue parte de la Comisión para la revisión de documentos técnicos de esa compra. "Yo fui el presidente de la Comisión, revisé la documentación habilitante-técnica para esta contratación. (...) No sé lo qué está pasando, pero el que nada debe nada teme".

El allanamiento a la vivienda de Salazar habría durado aproximadamente 20 minutos y en el lugar solo se encontraba la niñera y a hija del funcionario. Él dijo desconocer qué es lo que se habrían llevado durante la acción policial.

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El alcalde de la capital, Jorge Yunda, ordenó, la mañana del miércoles último, separar del cargo al secretario de Salud, Lenín Mantilla, y a todo funcionario de esa secretaría que habría participado en el proceso de contratación con la empresa Salumed S. A., proveedora con la que se habría firmado un contrato por $ 3.7 millones, que incluía la entrega de 100 000 kits de detección PCR, las máquinas del laboratorio y la capacitación para operar las máquinas y realizar las pruebas.

La presentación del funcionario lega una vez se dieron allanamientos de oficinas del Municipio de Quito, en el Centro Histórico, y en la sede de la Secretaría Metropolitana de Salud, al norte de la ciudad. Además, la operación en la que se recuperaron al menos nueve indicios llegó a la casa del secretario Lenín Mantilla y a oficinas de Salumed S.A.

Se ha hablado de que en estas horas se habría allanado otra vivienda relacionada con de Lenin Mantilla, pero hasta el momento no existe información oficial de ese hecho. (I)