La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) plantea que en la ley urgente de apoyo humanitario se establezcan prioridades en las transferencias de recursos a aquellos municipios que están más afectados con la pandemia del coronavirus y que no poseen dinero para enfrentarla.

El presidente de la AME y alcalde de Paute (Azuay), Raúl Delgado, dijo el Gobierno debe a los municipios desde febrero, por lo que pidieron a la Asamblea Nacional incluir en la iniciativa disposiciones para establecer aplazamientos de pago a los créditos externos; y que se permita a los GAD crecer en el techo de endeudamiento para obras de servicios de alcantarillado y agua potable.

Añadió que los municipios están dispuestos a una reducción de sueldos como consta en la ley urgente, pero que con esa reducción cada institución creará un fondo destinado a la desinfección de áreas públicas y la adquisición de insumos, mascarrillas y guantes.

También planteó crear corredores alimentarios que permita trasladar víveres desde la Sierra hacia la Costa, porque “hoy en día nadie quiere ir a la ciudad de Guayaquil a dejar productos”, dijo, y tras alertar que si la situación se complica la gente podría provocar saqueos por hambre.

Reveló que mucha gente salió de Guayaquil y se trasladó a cantones vecinos huyendo de la pandemia y porque empezó a sentir hambre, y consecuentemente, se incrementó el número de infectados.

En su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, el dirigente pidió que se exija a la banca pública y privada destinen recursos para garantizar la seguridad alimentaria en los cantones; que inviertan en la compra de productos locales y los trasladen a los diferentes regiones para ayudar al campesino y abastecer a las ciudades y evitar acciones delictivas por hambre.

Que en la ley urgente se establezca una transitoria que prohíba a los municipios a financiar eventos culturales mientras dure esta pandemia, y que esos recursos se redireccionen a acciones para evitar el contagio del virus.

Reclamó que el Gobierno pretenda entregar la competencia a los municipios de los infocentros y el ECU991 sin otorgarles los recursos necesarios; así como los consejos provinciales no asumen la competencia de vialidad rural. (I)