En menos de 20 días la vida de Roberto tuvo un giro total. Primero no recibió el pago de su mensualidad a fines de marzo y luego, por la primera quincena de abril, le notificaron de su despido.

El dueño de la empresa le indicó en una carta que la crisis sanitaria por el COVID-19 no ha hecho que vendan y los problemas económicos de la compañía se profundizaron con la paralización obligatoria e hizo que cerraran por completo.

Roberto dice que su mayor preocupación no es el desempleo, el pago de arriendo, la comida o el virus, sino el no poder cubrir la pensión alimenticia de su hijo de 5 años. Por la pensión de marzo él ya lleva más de 20 días de retraso.

El jueves último, la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, hizo conocer a los integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea que pese a que el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) que maneja ha estado 100 % operativo en la emergencia, para permitir que se materialicen las pensiones de alimentos para niños, niñas y adolescentes, existe un retraso en el pago por parte de los alimentantes.

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La situación económica generada por la pandemia, la poca movilización que ha hecho que alimentantes que viven del día a día y no tienen relación de dependencia no generen recursos y la falta de pagos a nivel público y privado son las razones que Maldonado refirió para explicar el retraso en los pagos.

Maldonado informó que han solicitado a la Superintendencia de Bancos que exija a los recaudadores que se establezcan mecanismos electrónicos para facilitar la transferencia de estos recursos y al Ministerio de Finanzas que se priorice el pago de los funcionarios en lo relativo al pago de pensiones o que incluso se pueda cancelarlas directamente.

Para Silvya, de 32 años, el problema está no solo en la falta de sueldos, sino en la lentitud que mantiene el sistema para transferir los dineros que ya fueron descontados a los alimentantes y depositados en el SUPA. Ella asegura que ya le habrían descontado a su esposo la pensión por sus dos niños, pero no recibe nada.

El constitucionalista Salim Zaidán, miembro de la Plataforma Nacional Unión por Nuestros Hijos, entiende que urgen reformas en el tema de pensiones alimenticias, más aún, refiere, cuando la “realidad social superó al derecho” y hoy se presentan situaciones que no son contempladas ni en el Código de la Niñez y Adolescencia ni en el Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

Para él, los cambios urgentes están en manos de la Asamblea y en especial la Comisión Ocasional sobre Derechos de los Niños que discute una reforma al Código de la Niñez. No entiende por qué no se abordan de manera prioritaria.

El jurista cree que debe pensarse en reformas que prevean la posibilidad extraordinaria de que el alimentante pague pensiones menores a las establecidas, aunque sea por un tiempo, para así evitar que existan boletas de apremio. Está seguro de que en la mayoría de casos en los que se adeudan pagos el problema no es la falta de voluntad, sino la imposibilidad de pago y debe ser tomado en cuenta.

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La legisladora Lourdes Cuesta, parte de la Comisión de Justicia que recibió a Maldonado, indica que al estar de por medio los intereses de los menores, este es un tema urgente. Pero afirma que no está en las manos de esa mesa reformar el Código de la Niñez sino en la Comisión Ocasional creada hace dos años y que “no ha dado los resultados esperados”.

Testimonios

Monserratte O., 41 años

‘Contaba con ese dinero para matricular al niño’

“El padre de mi hijo trabaja en una institución pública y, por tanto, no recibió su sueldo el 31 de marzo pasado. Y obviamente no le descontaron la pensión de alimentos de ese mes y con la que contaba para pagar la matrícula de la escuela.

Recién le pagaron el 18 de abril, pero como la transferencia demora hasta cinco días, aún no recibo nada. Si estos baches persisten, tendré problemas para cubrir los gastos escolares; además me preocupa que rebajen los montos de las pensiones si se aprueba la Ley Humanitaria”.

Juan Pablo G., 38 años

‘No debería haber boletas para quienes no fallamos’

“Las autoridades deberían hacer algo para que en este momento de crisis se tome en cuenta, para emitir una boleta de apremio, el que una persona jamás ha fallado en el pago de las pensiones. Hoy si uno no paga tres meses seguidos automáticamente se genera una boleta y a la cárcel.

En mi trabajo hay la posibilidad de que nos rebajen el sueldo por un tiempo. Eso significará que mis dos hijos reciban menos dinero, pues el porcentaje que se les entrega es a base de un cálculo con el actual salario”. (I)