El Ministerio de Finanzas adeuda a los servidores públicos $311,1 millones de sueldos y salarios de marzo y parte de abril. Así consta en la ejecución presupuestaria, en la que se observa que en gastos de salarios, entre enero y los primeros días de abril, se han devengado $2189,8 millones pero solo se han pagado $1878,1 millones.

Esos retrasos generan gran malestar en entidades públicas. Desde la Contraloría, universidades, judiciales se han hecho pronunciamientos por la falta de pago puntual. El Ministerio explicó la semana pasada que por los problemas de la crisis sanitaria y económica que acarrea el coronavirus se dio prioridad al pago de servidores públicos que están en la primera línea del combate a la pandemia, y que los pagos seguirían esta semana. Pero muchas entidades aún no lo reciben.

El contralor Pablo Celi envió una carta al ministro de Finanzas, Richard Martínez, en la que hace notar todas las leyes que amparan a los trabajadores. Además le pide que informe con sustento técnico las razones de la demora, una vez que el ministerio indicó en un comunicado del 3 de abril que a partir del lunes 6 “se continuarán ejecutando las transferencias día a día, priorizando Educación, hasta culminar los pagos la próxima semana”.

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El interés de la Contraloría es ejercer el control del buen uso de los recursos públicos, pues de la información pública se conoce que un gran porcentaje del sector público no ha recibido la remuneración de marzo.

El ministro Martínez dijo el viernes que se ha pagado a los servidores de Guayaquil, que es la ciudad más afectada, y que la próxima semana esperan completar con la nómina completa del sector público.

Roberto Herrera, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Técnica de Cotopaxi y parte de la Federación de Profesores Universitarios del Ecuador, explicó que ellos presentaron el pedido de pago el 24 de marzo y hasta la fecha no se les ha cancelado. Conoce que lo mismo viven otras universidades a excepción de la Espol. Su reclamo es que el Gobierno hay sido muy puntual para cancelar la deuda externa, y no para pagar a los funcionarios públicos.

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El sector justicia también busca cobrar sus salarios. El 8 de abril, el pleno del Consejo de la Judicatura dispuso a la Dirección General que realice las gestiones ante Finanzas para que se concrete el pago.

Entre tanto, Vinicio Palacios, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, en un pronunciamiento público recordó que la remuneración es un derecho irrenunciable y que la Función Judicial continúa ejerciendo sus labores coadyuvando a mantener el orden público.

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Ante los reclamos, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que los pagos se harán hasta el 17 de abril. Para Herrera, esos anuncios le generan dudas, pues ya se han hecho antes y no se cumplieron. (I)