Defensa de extitular de la Senain, Pablo Romero, pide su traslado a la cárcel 4 por seguridad

El exsecretario de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Pablo Romero permanece en una celda especial en el Centro de Detención Provisional (CDP).

La primera noche, luego de su extradición desde España, de acuerdo con su abogado defensor Stalin Oviedo, la pasó bien, pero apeló a las autoridades ecuatorianas para su traslado a la cárcel 4.

Oviedo ingresó a visitar a su cliente a las 09:41, y habló por una hora. Dijo que teme mucho por la seguridad de Romero, tanto más porque manejó la seguridad interna y externa del país hace algunos años, y que “eso requiere que las autoridades tengan un poco más de cuidado” respecto a la seguridad de su defendido.

Si bien aclaró que no ha recibido amenazas, pero que siempre se debe prevenir, insistió. Anunció que si no hay respuesta a la apelación para el traslado a la cárcel 4, el abogado de Romero anunció que implementará acciones legales ante la autoridad respectiva para lograr el objetivo.

Romero, según Oviedo, enfrenta dos procesos de extradición en España, el uno por el proceso sobre el plagio del activista político Fernando Balda; y el otro por el caso denominado Caminito. Explicó que los dos procesos están en la misma etapa que es el autollamamiento a juicio.

Tanto Romero como el exmandatario Rafael Correa mantienen un llamado a juicio por el delito de plagio, debido a que según la Fiscalía General están calificados como autores del secuestro que vivió Balda, en Bogotá-Colombia, en el año 2012. Por este caso la justicia ecuatoriana pidió en extradición a Romero, quien fue detenido en España en junio del 2018, debido a una orden de difusión roja.

En el segundo proceso, según la teoría del caso de la Fiscalía, se refiere a que Romero justificó la operación Caminito, en la cual se habrían gastado más de $3,3 millones en la contratación de los servicios de un hacker argentino en virtud de que la seguridad externa del país estaba en peligro, debido a que hackers conocidos como Los Centauros capturaron claves de varios sistemas del Estado ecuatoriano; entre ellos, el de comunicaciones, cuentas de correos públicos y privados, claves del presidente, vicepresidente de la República y su entorno familiar, Fuerzas Armadas, Corte Nacional de Justicia y varios miembros del gabinete.

La defensa de Romero comentó que su cliente no ha mantenido ningún tipo de contacto con el exmandatario Rafael Correa.

Respecto en el caso Balda, Oviedo dijo que se tiene que convocar a una audiencia; y que para comprobar la teoría del caso la Fiscalía tiene que coordinar la presencia de los testigos que supuestamente están en Colombia.

Como se están llevando las cosas ahora, añadió Oviedo, existe preocupación respecto a lo que pueda pasar; es decir, con dos o tres producciones de prueba se puede condenar a Romero, por lo que se debe tener igualdad de condiciones en la audiencia.

Jairo Jalaleo, el abogado de Balda, con quien presentó la denuncia en el 2018 ante la Fiscalía, dijo que con la presencia de Romero en Ecuador solo se espera la fecha y hora de la audiencia de juzgamiento.

Indicó que en este proceso ya se cuenta con las sentencias ejecutoriadas de cinco sicarios en Colombia, y con la sentencia de Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, quienes a través de la cooperación eficaz aportaron diez horas de audios, donde se pone en evidencia la trama “delictiva que Pablo Romero tendió sobre Fernando”, subrayó.

Lo que procede ahora es la audiencia de juzgamiento a Romero, insistió Jalaleo, y señaló que como autor del plagio puede ser sentenciado a una pena de cinco a siete años, como lo establece el Código Integral Penal, por el delito de asociación ilícita y plagio. (I)

Detalles del caso

Fernando Balda presentó ante la Fiscalía, el 13 de diciembre de 2018, una denuncia por el delito de peculado en contra del expresidente de la República Rafael Correa; los exsecretarios de la Senain Rommy Vallejo y Pablo Romero; el del exministro José Serrano. Pidió investigar el uso de $500 000 para secuestrarlo en Bogotá, en el 2012. Por esto fueron llamados a juicio Correa, Romero y dos exagentes de inteligencia: Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón.