El próximo 25 de febrero estaba previsto el cierre de la etapa de instrucción fiscal en el caso denominado Emperador, que involucra al sacerdote José Tuárez Zambrano, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a una veintena más de implicados en el supuesto ofrecimiento de cargos públicos a cambio de altas sumas de dinero.

El delito que investiga la Fiscalía es asociación ilícita, con el fin de ofertar tráfico de influencias. César Suárez, fiscal de la Unidad de Administración Pública, a cargo del caso, anticipó que se pedirá que la instrucción fiscal se amplíe 30 días, debido a que en los próximos días otra persona será vinculada.

Con ello, esta etapa se extenderá a 120 días. Suárez explicó que al momento cinco de los procesados aceptaron su culpabilidad y se sometieron a un procedimiento abreviado, luego del cual recibieron una sentencia de un año de cárcel.

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El último en someterse a este procedimiento fue Marco Oñate Salcedo, quien el pasado jueves fue condenado en una audiencia realizada por la jueza Marcela Ortega en la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil.

Suárez explicó que al igual que los cuatro condenados en diciembre, Oñate aceptó su participación en el delito que se investiga, luego de escuchar en una audiencia las llamadas telefónicas que recopiló la Fiscalía. “Se convenció de lo que había y decidió someterse al procedimiento abreviado, aceptó hecho, materialidad, responsabilidad y pena”. (I)