Las fundas plásticas más usadas en el país serán gravadas con un impuesto que empezará a cobrarse el próximo 30 de marzo. Se trata de las tipo camisetas o llamadas de acarreo porque sirven para cargar productos.

Un ecuatoriano utiliza 253 unidades al año, y eso el Estado espera bajar con el tributo para así reducir los desechos plásticos en el medioambiente.

Fabricantes y ecologistas advierten que la medida no conseguirá eso y la critican por distintas razones.

En la actualidad los negocios, sean grandes cadenas o tiendas de barrio, entregan gratis cuantas fundas pidan los clientes. Esto cambiará en dos meses con la vigencia del impuesto a los consumos especiales (ICE) para esas bolsas, creado con la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.

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El consumidor deberá pagar al establecimiento por cada unidad que requiera. Este año, según la norma, la tarifa será de 4 centavos de dólar. Es decir que si la persona necesita diez fundas, tendrá que cancelar 40 centavos.

El ICE aumentará dos centavos por año hasta llegar a 10 centavos en el 2023.

El Gobierno argumenta que el impuesto no tiene fines recaudatorios sino que busca cambiar hábitos para “reducir los niveles de contaminación que se generan como resultado del uso indiscriminado de las fundas plásticas”, contestó el Ministerio del Ambiente a este Diario, vía mail.

Pero el Servicio de Rentas Internas (SRI) sí prevé un incremento en la recaudación del cobro de este ICE.

La industria plástica y el sector ecologista señalan que ese es el trasfondo de la medida, y coinciden en advertir que no corregirá la conducta de quienes generan basura plástica.

El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas), Jorge Mórtola, dice que el ICE será “altamente perjudicial” para las más de 100 microempresas del país que fabrican el material y lo venden a mercados, comedores, panaderías, entre otros comercios.

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Estima que esta venta disminuirá, y advierte que podría reducirse empleos y cierre de plantas. Y reprocha que se pretenda gravar “muchas veces su valor”, a un producto cuya fabricación podría costar “una milésima de centavos”.

Según Aseplas, la industria plástica en Ecuador la conforman 600 empresas (todas parte del sector formal de la economía) y “más de 100 microempresas” (la mayoría informal).

Mórtola pronostica efectos nocivos en las últimas, pero la realidad es otra.

Promoplast, compañía con 36 años en el mercado, empezó a experimentar dificultades desde que la ley entró a regir, el 31 de diciembre de 2019.

Su gerente, Mario Garzón, cuenta que desde ese mes hasta la fecha las ventas cayeron 7 % y en consecuencia despidió al 10 % de su personal.

“Los clientes están temerosos y dicen que la gente no querrá pagar el impuesto”.

Garzón espera que el reglamento –aún no publicado– detalle cómo serán las exenciones establecidas en la norma.

Este punto preocupa a la abogada especializada en derecho ambiental Inés Manzano.

La ley exonera el ICE a las fundas que en su composición tengan el 50 % de materia prima reciclada, y reduce la tarifa a la mitad a las que sean biodegradables o compostables.

“La ignorancia permite estas excepciones. Los negocios pedirán un certificado y ya, no cobrarán a sus clientes”, indica.

Además sostiene que la “mala redacción” de la ley posibilitaría otra exención.

La norma identifica como “agentes de percepción” (los que cobran) a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y a las sociedades.

Ella teme que los comercios que no llevan contabilidad no recaudarán el ICE, y sigan repartiendo gratis las fundas tipo camisetas, que son la mayoría.

El Ministerio del Ambiente publicó en el 2014 un estudio sobre el uso de fundas plásticas en Ecuador: las tipo camisetas son distribuidas, principalmente, por las tiendas de barrio, bodegas y distribuidores. Al año se usan “más de 1500 millones” y un ecuatoriano consume 253 unidades. Y determinó que un impuesto limitaría su uso.

En su respuesta a este Diario, el ministerio asegura que no busca “ralentizar la industria” sino cambiar hábitos del mal uso de las fundas, pues “en el ambiente tardan hasta miles de años en descomponerse”.

Reforma tributaria, Artículo 31

Estarán exentos del ICE las fundas plásticas para uso industrial, agrícola, agroindustrial, de exportación, para productos congelados y aquellas que contengan como mínimo la adición del 50 % de materia prima reciclada.

En trámite proyecto que ‘dará de baja’ a ciertos plásticos

La Asamblea Nacional discute un proyecto de ley sobre los plásticos, que –de aprobarse como está– eliminaría ciertos productos del mercado; algunos, como los sorbetes, serían prohibidos en un plazo de dos meses.

El informe para primer debate fue aprobado por el pleno el pasado 12 de diciembre. El texto regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para la redacción del texto para segundo debate.

La propuesta busca regular el uso de los plásticos de un solo uso, calificados así porque son descartables y su composición dificulta su biodegradabilidad, explica el proyecto. Cita las fundas (con o sin asas), los sorbetes, las tarrinas y otros.

El informe para primer debate pone plazos para la prohibición de esos productos. Por ejemplo, los sorbetes quedarán vetados en 60 días y los envases que provengan del poliestireno (espumafón), en doce meses.

Sobre las fundas, el documento no restringe solo a las de tipo camisetas. El texto en discusión alcanza a varias, tengan o no asas, y fija plazos para su prohibición: 60 días para aquellas usadas “para la entrega de publicidad impresa” y 12 meses para las que midan menos de 50 x 50 centímetros y las que incluyan aditivos que luego generen microplásticos.

La abogada especializada en derecho ambiental, Inés Manzano, anota que la propuesta “dará de baja” a las fundas plásticas en general. Advierte que, de ser aprobada, luego el Estado no podrá recaudar el tributo a bolsas de acarreo.

El documento proviene de la unificación de tres proyectos presentados en el 2018, el primero lo planteó el entonces asambleísta y actual alcalde de Quito, Jorge Yunda. (I)