Las contrataciones de la Fuerza Terrestre para operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia ascienden a $4,9 millones entre diciembre del 2019 y enero de este año.

Tras los acontecimientos de octubre, el Ministerio de Defensa emitió una nueva directiva contra la insurgencia.

En entrevista con EL UNIVERSO, el ministro Oswaldo Jarrín explicó que esto supone un cambio total en las Fuerzas Armadas (FF. AA.), tanto en doctrina como en preparación, equipamiento, mandos y reorganización, en general.

En cuanto a equipamiento, la Fuerza Terrestre hizo dos adjudicaciones, el 13 y 18 de diciembre, para la adquisición de 3000 escudos antimotines por $342 577,20 y más de 3000 trajes robocob por $1423409,34, a la empresa pública Santa Bárbara EP, a través de la figura de Régimen Especial.

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Mientras que, bajo el régimen de Contratación en el Exterior, en el mismo mes, la Fuerza Terrestre realizó tres adjudicaciones más, con el mismo fin contrainsurgente, el 9 y 12 de diciembre.

Las dos primeras son 1200 máscaras antigás (equipo) por $234 000 a Sourcing Group y 1000 carabinas y escopetas por $396 000 a Jorge Arroyo Murgueitio, como representante legal de las empresas Futura, Armas, Municiones y Accesorios y Uslu Defense Industrie Savunma Sanayi.

La tercera adjudicación es para la adquisición de 30 000 granadas y 149 000 cartuchos de goma y de gas por $2956558,60 a la empresa Sourcing Group Corp.

En los informes de necesidad para estas contrataciones, la institución militar señala que es necesario equipar a 204 equipos (de 20 personas cada uno), es decir, el 15 % de la totalidad del personal que se emplea en las operaciones militares de ámbito interno, para “incrementar la capacidad operativa de las unidades tácticas en la ejecución de las operaciones militares en caso de nuevos disturbios que alteren el orden público”. (I)

NO LETAL

En los procesos precontractuales y contractuales, la Fuerza Terrestre resalta que el equipamiento requerido es de tipo “no letal” y que la adquisición permitirá dotar al personal que ejecuta las operaciones de ámbito interno en apoyo a la Policía Nacional, “en caso de emergencia nacional”. Al momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas investigan los hechos de octubre.