Rosa Chalá llegó casi al mediodía de hoy hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que le restituyan su cargo y su despacho, luego de que un exjuez de Manabí le concedió una acción de protección que dejó sin efecto la resolución de la Asamblea Nacional con la que fue censurada, al igual que otros tres exconsejeros por incumplimiento de funciones.

A Chalá la recibió un funcionario del CPCCS, debido a que el presidente Christian Cruz se encuentra en un viaje oficial. Le explicaron que el Consejo no ha recibido ninguna notificación de la Asamblea para que le restituyan el cargo, y que este martes es el último día que resta para que se ejecutoríe la sentencia, entonces volverá a la institución, "como consejera y vicepresidenta", reclamó.

"Vine a saludar al presidente y saludar a los consejeros compañeros. Y vine para trabajar, y ponerme a las órdenes, y para hacer el trabajo que está estancado en muchas cosas", indicó.

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Cuando se le consultó por qué acudió a Santa Ana (Manabí) para plantear esta acción de protección, ella argumentó que como fue elegida consejera a nivel nacional en los comicios de febrero pasado; "yo puedo hacerlo en cualquier parte del país", aseveró.

Y cuando un periodista le preguntó por qué no lo hizo en Quito, guardó silencio por breves segundos, dijo "gracias", y se marchó.

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La exvocal planteó el 31 de octubre una acción de protección en contra de los 83 legisladores, y el presidente de la Asamblea, César Litardo, que votaron por su censura en agosto pasado, junto a Victoria Desintonio, Walter Gómez, y José Tuárez, expresidente y ahora detenido por presunta asociación ilícita.

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La audiencia se convocó para el 20 de diciembre, pero la mujer pidió que la adelanten, y se realizó el 11 de diciembre.

El hecho surge porque ella y sus cuatro colegas, en una plenaria del 10 de julio, votaron por la creación de una comisión de juristas que revise la selección de los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC), hecha por el CPCCS Transitorio; pese a que la misma CC restringió en una sentencia que esas decisiones se revisen.

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Esa fue la principal causal de la censura legislativa.

Juez defiende su decisión

Pero el juez Manuel Ruiz concluyó en su sentencia, que la "comisión (de juristas) nunca se conformó ni sesionó". Y entre otros temas, que Chalá fue “juzgada y sancionada por causales que no correspondían a la verdad procesal de la causal por la que se concluye en su destitución”.

Dice que se unificaron ilegítimamente varios procesos sancionatorios administrativos, cuando se debió haber tratado cada proceso de forma independiente, ya que correspondían a causales distintas. Así, declaró la vulneración a la seguridad jurídica, al debido proceso, y el ejercicio de los derechos políticos; dejó sin efecto la resolución de la Asamblea, ordenó la restitución inmediata en el cargo de Chalá. Y, encargó a la Defensoría del Pueblo la “supervigilancia del cumplimiento” de la acción.

Manuel Ruiz fue hasta el jueves juez de la Unidad Multicompetente de Santa Ana (Manabí). Fue destituido por el Consejo de la Judicatura por negligencia manifiesta en un caso relacionado con una acción constitucional dictada en el caso Petroecuador-Marzam. (I)

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